La medida fue difundida en la Gaceta Oficial, ante las «circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico, político que afectan el orden constitucional, la paz social, seguridad nacional, las instituciones públicas y a los ciudadanos”.
Esta es la cuarta extensión del decreto que desde su aplicación original ha tenido el rechazo de la Asamblea Nacional, bajo control opositor, pero ha sido avalado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El decreto de extensión señala que el gobierno podrá aplicar sanciones de carácter político contra representantes de poderes públicos que obstaculicen la aplicación de la medida.
También podrá imponer normativas excepcionales para autorizar erogaciones con cargo al tesoro nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto 2016, así como aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros.
Igualmente, el Ejecutivo podrá suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros y el desarrollo económico a sin contar con la aprobación de otros poderes públicos.
El decreto señala que la prórroga tiene como objetivo adoptar medidas «urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, y el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida».
Pese a las prórrogas, la situación económica ha tendido a empeorar por el desabastecimiento de productos de consumo masivo y la escalada de precios hasta una inflación estimada en alrededor de 300 por ciento.
Sobre la extensión del decreto, el diputado opositor y economista José Guerra dijo que «deroga parcialmente la Constitución», al suprimir varias normas constitucionales relativas al control del Legislativo.
Puntualizó que el nuevo decreto «acentúa los controles sobre la economía y va a agudizar la crisis económica».
Fuente: Crónica