La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula; 43 de ellos resultaron retenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, según la Procuraduría General de la Republica (PGR).
A partir de ese momento, de acuerdo con la versión oficial, nada se sabe de los normalistas. El 28 de septiembre la PGR arrestó a 22 policías municipales de Iguala, identificados como participantes de los hechos. Dos días después, el entonces gobernador de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre Rivero ofreció un millón de pesos para aquella persona que brindara información sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos.
El 23 de octubre de 2014, Aguirre Rivero se separó del cargo, con el argumento de “favorecer a un clima político”. Tres días después, el Congreso local designó al académico, Rogelio Ortega Martínez como nuevo gobernador, quien permaneció en el cargo hasta el 27 de octubre de 2015. El 4 de noviembre, el entonces alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en Ciudad de México, señalados como autores intelectuales de la represión a los estudiantes.
El 8 de noviembre de 2014, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam informó públicamente que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, asesinaron y quemaron a los estudiantes en el basurero municipal de Cocula. Tras esta versión, en Guerrero se intensificaron las movilizaciones de maestros de la CETEG y el 12 de noviembre de ese año, docentes de la Coordinadora quemaron el recinto legislativo del Congreso del estado e incendiaron vehículos.
Fuente: Quadratín