Guillermina Gómora Ordóñez
Una vez más, el presidente Enrique Peña Nieto, pone el dedo en la llaga de millones de mexicanos agraviados por el desorden que impera en gran parte del país, ante la ausencia del Estado de derecho.
Califica como malas noticias, la tarea informativa de hacer pública la cotidianidad que padecen los mortales afectados por la revuelta magisterial, la corrupción, la inseguridad, la violencia en sus diversas facetas y hasta la ausencia de medallas en los Juegos Olímpicos de Brasil.
Antes lo había etiquetado como “mal humor social”, eufemismo que no alcanza para describir el hartazgo ciudadano reflejado en las urnas el pasado 5 de junio, y del que al parecer aún no acusan recibo los representantes del tricolor en el poder.
Muestra de ello, es la forma en que han dejado crecer el conflicto magisterial en los cuatro estados – Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán – desde hace más de tres meses y donde las pérdidas por los bloqueos, marchas y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rebasan los 18 mil millones de pesos.
El Consejo Coordinador Empresarial, informó que el daño se divide así: 10 mil millones de pesos en el sector industrial, mientras que en comercial ascienden a ocho mil millones de pesos. Los más afectados son las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que el impacto golpea a las amplias cadenas de abastecimiento que llegan al norte y sur del país.
En los 3 meses del conflicto magisterial, se han dejado de generar 20 mil empleos, y se ha llegado a una situación riesgosa de incertidumbre. Incluso, la Concamín advierte que la economía ha entrado en desaceleración y de prolongarse el escenario se dejarían de crear 40 mil empleos al no reactivarse las inversiones detenidas por 50 mil millones de pesos.
¿Cómo convertir esto en buenas noticias? ¿Qué alguien me explique?
El México real se impone, aquí un botón más de muestra, la retención de 50 autobuses de transporte público federal por parte de normalistas, vinculados a la CNTE, en el estado de Michoacán, gobernado por el perredista Silvano Aureoles, genera pérdidas por un millón 200 mil pesos diariamente. Los choferes han sido secuestrados y retenidos varios días, en ocasiones hasta meses. ¿Estás serán buenas noticias para sus familias?
Y qué decir de nuestro Talón de Aquiles como país: la corrupción. Vergonzoso que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro Lemes, revele en un foro organizado por la Coparmex que mientras a escala internacional el problema de la corrupción cuesta al año alrededor de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, en México nos cuesta 10%.
Es decir ¡quintuplicamos! el daño del flagelo, que en número redondos alcanza un boquete de un billón 920 mil millones de pesos. Y cómo no, si en el país se registran más de 200 millones de pequeños actos de corrupción que van desde la mordida, el moche, el entre, hasta las cuantiosas sumas que entregan los empresarios para ganar alguna licitación. Nadie escapa.
Una mancuerna de impunidad y corrupción que sólo genera frustración y desesperanza para quien no tiene los recursos o es víctima de estos excesos. Quizá por ello el secretario general de la OEA, advirtió en el foro sobre la necesaria depuración del sistema judicial en México, pues afirmó: “no hay posibilidad de que se apliquen las mejores leyes si los encargados de aplicarlas son susceptibles a la corrupción”.
En efecto, basta con traer a la memoria la detención y liberación del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de los líderes de la Sección 22 de la CNTE y del narcotraficante, Rafael Caro Quintero, entre otros.
Y ya que hablamos del mal ejercicio del poder, qué tal lo de Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) al frente de los 126 mexicanos en las olimpíadas de Río de Janeiro, Brasil, un claro reflejo de corrupción, incapacidad, insensibilidad y malos manejos que existen en México.
Un abogado, con historial de fracasos –caso Paulette; Profeco y Comisionado en Michoacán– metido a dirigente deportivo por su amigo el presidente Peña. Un funcionario que a diferencia de los deportistas que representa tiene un salario mensual garantizado por un monto de 190 mil 021 pesos.
Además recibe al mes 5 mil pesos para pagar su celular y 7 mil 500 para transporte, gratificación de fin de año, ayuda para despensa y cuatro seguros: uno institucional, de retiro, médico y de separación.
Éstas si son buenas noticias, pero para el grupo en el poder no para millones de mexicanos, incluidos los deportistas que lidian a diario con la frustración y desesperanza, pues luego de dar lo mejor de sí mismos se convierten en blanco de injusticias, inseguridad, empleos mal pagados, servicios de pésima calidad y autoridades cínicas que no ofrecen ninguna solución.
@guillegomora