Benjamín Torres Uballe
México parece encontrarse, definitivamente, en un violento camino sin retorno. En un profundo e insalvable abismo de brutalidad que la sociedad atestigua diariamente. Los caudalosos borbotones de sangre y muertos forman parte ya del panorama nacional. En tanto, increíbles y groseras justificaciones oficiales van de la mano con su incapacidad y desgastada retórica.
Como sucedió el pasado fin de semana, en que dos presidentes municipales fueron asesinados en Guerrero y Chiapas. Uno de ellos, a pesar de la escolta federal. Los crímenes se dieron en circunstancias diferentes, sin embargo, al final el resultado es el mismo: se atenta contra el nivel de gobierno en su parte más débil y desprotegida. Por ello, ¿eliminar alcaldes ya no es noticia?
Y las instancias responsables de garantizar la autonomía de los municipios en toda la República dan la impresión de haber claudicado en esta tarea. No parece importarles si los abusos están omnipresentes mediante los “moches” que se les exigen, las extorsiones y amenazas del crimen organizado, o las directrices que les imponen los propios grupos delictivos. Pero, por sobre todo eso, lo más pernicioso: el olvido de los gobiernos federal y estatales.
De acuerdo con diversas fuentes periodísticas, al menos 19 presidentes municipales han sido ejecutados de junio del 2012 a la fecha; 16 fueron ultimados con armas de fuego. Así que la “displicencia” e ineficacia oficial para garantizar la seguridad y correcto funcionamiento de los municipios en aras de una real democracia en el país resulta evidente.
Mas la cadena de violencia que ahoga a México es muy extensa. En meses recientes nos hemos enterado por los medios de comunicación de las masacres de familias completas, niños y mujeres incluidos. La saña muestra que no hay un ápice de piedad en quienes deciden terminar con la vida de otras personas. ¿Hasta dónde llegará la degradación?
El infernal tobogán de la inseguridad arrastra muchas víctimas y no se vislumbra alguna luz de esperanza. Lo mismo son acallados a punta de balazos periodistas que activistas sociales, docenas de inmigrantes torturados y asesinados, ciudadanos asaltados y vejados en un autobús, atracados después de salir de una sucursal bancaria o de un cajero automático. El peligro acecha siempre. Por eso, el año pasado hubo 20 mil 525 homicidios, de acuerdo con cifras del INEGI.
Lo anterior son efectos perversos de una sucesión de pésimos gobiernos que con su incapacidad, corrupción, opacidad y los afanes febriles de protección a sus correligionarios permitieron que la avalancha delincuencial creciera a los actuales niveles que padecemos todos los días en el territorio nacional, y que sencillamente hoy resulta imposible controlar.
Insensibilidad, frivolidad e ineptitud de ciertos funcionarios y gobernadores inciden directamente para hacer aún más peligroso el entorno violento que se manifiesta en determinadas zonas de la república mexicana. Chiapas es una de ellas. Por sus características ancestrales de pobreza, abandono y marginación, la entidad resulta un peligroso coctel que puede estallar bajo el menor pretexto. Pareciera que nadie lo sabe. Ni el señor gobernador.
Chiapas es “gobernado” por un junior de la política: Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y nieto de Manuel Velasco Suárez, gobernador del estado de 1970 a 1976. Los señalamientos a causa de su ineptitud y frivolidad han sido una constante de su administración. Ante los sangrientos sucesos en San Juan Chamula, El Güero reacciona —en lugar de prever— de manera tardía y sólo se le ocurre la “gran idea” de instalar una comisión para la reconciliación. Las comisiones, comprobado está, sirven para absolutamente nada.
No obstante, Chiapas guarda relación con el estado de Guerrero —donde acribillaron al alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, junto con su chofer—, pues ambos son de las regiones más pobres y rezagadas del país. Paradójicamente, los dos con enorme riqueza natural.
Guerrero es uno de los principales focos rojos en materia de inseguridad. La vox populi asegura que amplias zonas de la entidad sureña están controladas por el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, los cuales explotan la siembra y comercio de la amapola, principalmente. Muchas voces insisten en que Guerrero es un estado fallido. Si no lo es, no tardará mucho.
Por hoy, las expectativas de paz, armonía social y vigencia de un estado de derecho real no se ven surgir en el horizonte de la cada vez más aterrorizada población. La violencia se ha enseñoreado y fortalecido por la criminal ausencia de un gobierno eficaz, al que la sociedad no ha sabido pedir cuentas claras y suficientes sobre ello. Castigarlos en las urnas no basta. Quitarlos de esas encomiendas es otra opción, como debe hacerse en cualquier democracia respetable. La violencia en México es un camino sin retorno y seguirá siéndolo hasta que lo permitamos.
@BTU15