Docentes, médicos, enfermeras, secretarias, auxiliares, contadores y supervisores serán parte de los 10 millones de mexicanos que a partir de 2017 deberán presentar su declaración 3de3, como parte de sus obligaciones para demostrar que no incurren en actos de corrupción.
Según cálculos del grupo parlamentario del PRD en el Senado, el número de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, desde los dos mil 458 municipios, las 32 entidades federativas y la Federación, así como de los tres Poderes de la Unión, que son los 33 ejecutivos, los 33 Congresos y todas las instituciones del Poder Judicial, suman 10 millones.
Pero además de incluir los ingresos que reciben por su trabajo en el Estado, los servidores públicos que también realizan actividades privadas deberán incluir todos sus ingresos, como ocurre con los médicos, pues gran parte de los que trabajan en las instituciones públicas como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, también dan consultas privadas.
De hecho, 80% de sus ingresos provienen de esa actividad privada, de acuerdo con las estadísticas del Inegi.
Aunque no existen cifras que demuestren un fenómeno similar en gremios como los maestros, también hay un grupo importante de mentores que trabaja en el sistema educativo público y también imparte clases en escuelas privadas, principalmente en los niveles de preescolar y secundaria.
Las nuevas disposiciones tendrán un año para entrar en vigor, porque se necesita diseñar la tecnología para que puedan hacerse públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como para tener en orden el registro de las declaraciones fiscales.
Incluyen a absolutamente todos los servidores públicos, desde los que ganan dos mil pesos al mes hasta los altos funcionarios que tienen ingresos superiores a los 100 mil pesos mensuales.
Fuente: Excélsior