Las leyes secundarias que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción están construidas de palabras que esperan determinar conductas y generar incentivos para cambiar usos y costumbres, recalcó Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En entrevista con José Cárdenas, comentó que el problema en México es que la impunidad venía desde el diseño de las leyes.
«Nuestro sistema jurídico estaba pensado para garantizar que los actos de corrupción no tuvieran consecuencias penales, consecuencias jurídicas, hoy tenemos una mejor infraestructura jurídica para enfrentar los casos de corrupción, ¿es suficiente? todavía no, tenemos que tener las instituciones y sobre todo, a las mejores mexicanas y mexicanos que las encabecen para que las impulsen con toda la energía que se requiere para enfrentar un problema tan grave, que es el brazo político del crimen organizado, que es la corrupción», expuso.
Juan Pardinas aplaudió el avance significativo en la materia, pero lamentó que no se haya incluido con claridad la publicidad de la declaración patrimonial y de intereses.
Destacó que este es un proceso gradual, de cambio de leyes, de instituciones, pero sobre todo de conductas de usos y costumbres de nuestra clase política.
«Ojalá que el muy buen paso que se ha dado el día de hoy mantenga una trayectoria auspiciosa porque creo que los mexicanos estamos muy cansados de estar viendo todos estos casos que hasta el momento se enfrentan a una respuesta de impunidad por parte de las instituciones del Estado», agregó.
Pardinas reconoció que todavía falta mucho por avanzar en el tema de la corrupción, al tiempo que destacó que el presentar acciones de inconstitucionalidad en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua es un buen paso.
«Hay señales positivas, ojalá todo esto se traduzca en evidencia empírica de justicia, no solo en discurso, en palabras impresas dentro de nuestras leyes, sino en realmente castigo para las gentes que han abusado del privilegio del servicio público para beneficiarse de forma privada e indebida».
Consideró que en los casos de los gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, de Veracruz y Quintana Roo respectivamente, no se necesita un andamiaje institucional complejo como el del Sistema Nacional Anticorrupción para hacer justicia, puesto que para dar solución se pueden atender las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación y que la Procuraduría General de la República (PGR) procediera.