El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de presentar ante la Suprema Corte de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso de la entidad, por las normas avaladas que considera violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, habla claro de que debe revisarse y buscar esa inconstitucionalidad que la población exige.
En entrevista con José Cárdenas, el gobernador electo mencionó que esta es una lucha de la sociedad quintanarroense que emprendió diversas manifestaciones cuando se llevó a cabo la sesión del Congreso del estado, «una sesión extraordinaria en tiempos absolutamente ilógicos para la generación de una fiscalía y la elección de un auditor del Congreso del estado».
Creo que esta manifestación emprendida hoy es de reconocerse que venga de la Presidencia de la República.
Sobre el proceso de transición del gobierno, Carlos Joaquín dijo que hasta el momento no se ha dado, «no hemos tenido ningún contacto, lo hubo en un principio, después de la elección, hubo un contacto con el gobernador Roberto Borge, posteriormente todo se vino abajo y no hubo ya ninguna comunicación adicional».
Explicó que de acuerdo con la ley de la entidad, «dice que unos días antes de la toma de protesta, por ley podrás entrar hacer la recepción de las diferentes dependencias, y por supuesto del gobierno del estado, suponemos que tenemos que apegarnos a ese número de días, pensábamos en una transición mucho más eficiente, con más tiempo, que permitiera tener mayor certidumbre para poder hacer las cosas sin ninguna laguna, sin tener mayor espacio que viniera a dar una problemática al estado».
Sin embargo, expuso, ante la falta de comunicación se ve complicado, «y luego vinieron esas sesiones extraordinarias hechas fuera del Congreso, en un hotel de Cancún guardados, resguardados por policías municipales, pero éstos diferentes al municipio donde se estaba llevando a cabo».
Se vino abajo gran parte del diálogo que se había previsto, y expresó que recibirá un estado con una deuda de más de 22 mil millones de pesos, generada en los últimos 12 años de gobierno, la mayor parte en estos últimos seis años, «y no se encuentra a simple vista a qué obras pertenecen, para qué fueron utilizados y a quién benefician, hay una gran opacidad, una gran oscuridad cuando el pueblo de Quintana Roo exige transparencia, honestidad, rendición de cuentas y hoy vemos totalmente lo contrario».