De esta manera, quedan sentadas las bases para que las visitas de inspección de la Profepa cumplan con el objetivo de vigilar que los centros de verificación o unidades de verificación vehicular se apeguen a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-167-SEMARNAT-2016.
Al respecto, el titular de la dependencia, Guillermo Haro Bélchez, señaló que a partir del 1 de julio de 2016, con la entrada en vigor de la Norma Emergente, se establecen nuevos niveles máximos permisibles de contaminantes.
Asimismo, recordó que se introducen sistemas de medición complementarios y modernos, se incorporan como método adicional de medición los sensores remotos y un nuevo actor en la verificación que son los inspectores de la Profepa.
Haro Bélchez subrayó que la verificación que hará la dependencia a su cargo es únicamente instrumental, por lo que las sanciones irán dirigidas sólo a los verificentros y no a los propietarios de los vehículos, por lo que “no tendremos facultades para sancionar a particulares”.
Aseguró que la información que los inspectores obtengan de su trabajo permitirá, en su caso, clausurar líneas o el verificentro en su totalidad, así como imponer sanciones económicas correspondientes.
Las acciones de colaboración entre autoridades federales y estatales se establecen de acuerdo con las previsiones de la norma de emergencia, la cual entrará en vigor el 1 de julio y será de observancia obligatoria en la megalópolis.
Esta norma establece además, las especificaciones para los equipos tecnológicos que se utilicen en la medición de emisiones por vía remota y para la realización de las mediciones.
La nueva normatividad también involucra a la Profepa en la vigilancia de los instrumentos de medición de los verificentros y las unidades de verificación vehicular del transporte público federal.
En caso de encontrarse irregularidades durante las visitas de inspección, la Profepa impondrá medidas de seguridad e instaurará procedimientos administrativos, para sancionar y corregir las no conformidades con la norma.
Las sanciones económicas a las que podrían hacerse acreedores los centros de verificación podrán alcanzar hasta 50 mil unidades de medición por cada irregularidad, de acuerdo con los criterios que establece la ley.
Fuente: JLD