En una carta enviada a Zambrano, dijeron que modificar el artículo para que todos los datos sean públicos permitirá generar «obligaciones comunes en los tres niveles de gobierno y facilitaría la labor del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción».
También pidieron que eliminen la parte del artículo 32 que obliga a todas las personas que reciben o ejercen recursos públicos del gobierno a presentar estas declaraciones, pues «carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción».
Con el voto de los senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza se aprobó esta reserva. En el artículo 32, la ley dice que están obligados a presentar su declaración de situación de patrimonial y de intereses: los servidores públicos, «cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos» y «las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos» de los entes públicos.
Fuente: Milenio