La idea de hacer obligatoria para los particulares la presentación de su declaración, es una trampa que no está basada en ninguna reflexión seria, ni en experiencias internacionales, consideró el Partido Acción Nacional (PAN).
El dirigente panista, Ricardo Anaya, dijo que la enmienda de última hora lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley, para así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana que buscaba frenar la corrupción con en la clase política.
Advirtió que si bien es absolutamente cierto que la corrupción suele involucrar a un político y también a un particular:
Comentó que la redacción del inciso b) del nuevo artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas “pretende, en el fondo, descarrilar el movimiento cívico a favor de la Ley 3de3, al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un ‘nuevo trámite’ para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales”.
Detalló que esta legislación sería aplicable a casi 35 millones de personas, como podrían ser los beneficiarios de PROSPERA y PROAGRO; pensionados del IMSS, ISSSTE y PEMEX; y becarios de CONACYT, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas.
Por ello, explicó el líder panista, ayer jueves los legisladores de Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentaron una reserva en contra de los artículos 4, 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que, lamentablemente, fue rechazada por el PRI y por otros legisladores.
Lo decimos con claridad: es una trampa vil. No sólo es una aberración técnica, es un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción”, aseveró Anaya Cortés.
Fuente: Excélsior