Benjamín Torres Uballe
El presidente Enrique Peña Nieto se ha esforzado en convencer al gobierno canadiense y a los industriales de “las razones del porqué México es una nación atractiva para la inversión”. Durante su visita de Estado al país del norte, ha insistido, además, que “México es un país que en este momento está en una etapa de transformación importante y significativa”.
La realidad de lo que está sucediendo en la república mexicana pareciera estar llegando con distorsiones al titular del Ejecutivo federal. El aislamiento del que suelen ser “víctimas” los presidentes mexicanos por su camarilla del primer círculo no hace otra cosa que colocarlos en un mundo fantasioso y surrealista, donde los problemas no existen o son mínimos e irrelevantes.
México vive hoy un momento social y político muy peligroso; todos lo podemos constatar. La impericia política de la administración peñista dejó crecer situaciones que en su momento debieron atenderse sin tardanza, mediante el diálogo y en el marco estricto de la ley.
Apostar a que el tiempo apague los diferentes fuegos en el territorio nacional que la desatención gubernamental y los intereses perversos han atizado es una profunda ‘ingenuidad’ política y una aberración en contra del cada vez menos respetado estado de derecho.
La CNTE —entre otras cosas— se ha encargado de recordarle al presidente Peña Nieto que el país que dirige no es únicamente el del eterno glamur, el de las giras con una legión de “importantes” invitados; tampoco donde se puede derrochar ilimitadamente el dinero público, menos aquel que inmoralmente protege a pésimos políticos y sus deleznables actos llenos de pillerías; ni ése que vive cómodamente en la seguridad de sus “guaruras” sin sobresalto alguno. México es otro.
Sin estar de acuerdo con el método violento que la Coordinadora usa torpemente en las exigencias de sus “derechos” y que ha dañado a miles de connacionales en sus bienes, trabajos y paz social, además de privar de clases a una gran cantidad de niños, no se puede desdeñar el hecho de que los disidentes —quizás sin proponérselo— han bajado de su nube al Presidente, a su secretario de Educación y a todo su equipo de trabajo, muchos de ellos enfermos de soberbia e incapacidad.
“Es un país, hoy, que preserva y cuida de manera muy celosa su fortaleza macroeconómica; sobre todo, los fundamentos macroeconómicos, que permiten darle gran solidez a nuestra estabilidad macroeconómica”, presumió de México, en Canadá, Peña Nieto. Y sí, claro, es para presumirlo.
No obstante, dichos logros económicos no se pueden colocar por delante del respeto a los derechos humanos, del bienestar de la mayoría de la población, de las necesidades apremiantes de los más de 55 millones de pobres, de los alarmante niveles de desempleo y mucho menos de la aniquilante violencia que ahoga cotidianamente a cientos de miles de mexicanos.
Insistir en que México es un país seguro para los inversionistas corresponde a un discurso que puede modificarse sustancialmente si no se solucionan de fondo los alarmantes focos rojos de inestabilidad que se profundizan en ciertos lugares del país y que amenazan con extenderse a otras regiones, como ya sucedió la semana pasada en Chihuahua, donde “supuestos” inconformes —muchos de ellos encapuchados— vandalizaron el Palacio de Gobierno.
Mientras en el país sucedan delitos como el cierre de carreteras, toma de casetas de peaje, destrucción de bienes oficiales y privados, se provoque el desabasto de alimentos, suministros y combustibles, quema de unidades de transporte o camiones de reparto de empresas privadas, cobro de piso a negocios, además del reguero de sangre, difícilmente se puede asegurar que México es un lugar seguro para la inversión. Y no lo es porque no existe un estado de derecho pleno, así de sencillo. Desde luego que no se trata de caer en provocaciones ni en la tentadora represión, señor Presidente. Se trata de aplicar la ley, no más y no menos.
Por hoy, lo que impera en la república mexicana es un semi-estado de derecho, al que grupos de poder fácticos hacen como se les pega la gana con su arma predilecta: la violencia. Esto, en detrimento de la paz, armonía, convivencia social y bienestar de la población, consecuencias a las que el gobierno parece haberse acostumbrado a ser un simple e ignominioso espectador.
Otro México está a la vista, no cabe duda, ahí están los deplorables sucesos de violencia y desgobierno en Oaxaca, Chiapas —con la CNTE cerrando los puentes internacionales hacia Guatemala—, Guerrero y Michoacán, y hasta en la misma Ciudad de México, cuyos habitantes se ven obligados a padecer el caos que generan los integrantes de la Coordinadora. ¿Hasta cuándo?
EL PAPA Y LA IMPOLUTA JERARQUÍA CATÓLICA
Cuestionado el papa Francisco acerca de si la Iglesia debería disculparse con los homosexuales por haberlos marginado, el Pontífice respondió: «El catecismo dice que no deben ser discriminados. Deben ser respetados, acompañados pastoralmente». Incluso pedir perdón, agregó.
En ocasiones anteriores, el Obispo de Roma ha dicho, refiriéndose a los homosexuales: ¿Quién soy yo para juzgarlos? Las declaraciones y actitud del Vicario de Cristo contrastan con la cerrazón de la jerarquía católica mexicana, la cual incluso los considera pecadores, como a los ladrones o adúlteros, según Hugo Valdemar Romero, director de Comunicación Social de la Arquidiócesis.
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