A pregunta expresa sobre si el presidente les dijo que analiza vetar la ley, el líder de la cúpula empresarial dijo ese es «uno de los instrumentos que tiene el señor presidente y bueno, sabemos que lo está valorando y confiamos en que tomará la mejor decisión que él considere conveniente, después de escucharnos a todos.
En su anuncio, los empresarios reiteraron la disposición de aplicar «medidas de capacitación y certificación en nuestras empresas para fomentar las mejores prácticas internacionales en materia de ética e integridad empresarial».
Y propusieron «que en las licitaciones y contrataciones se requiera el cumplimiento por parte de las empresas de certificaciones en este sentido. Trabajaremos también en la generación de códigos de conducta y contacto para regular la relación entre funcionarios públicos y empresas».
Al salir de la reunión, que duró dos horas y media aproximadamente, Castañón dijo que es necesario encontrar un camino para que se monitoree a la empresa, las acciones de la empresa, se le pueda investigar y se le sancione tan severamente como al propio funcionario público.
Y agregó: «la forma de lograrlo es a través del monitoreo de sus declaraciones, del monitoreo de su relación con el SAT y de los reportes que tiene que darse que contempla la misma ley. La ley contempla sanciones hasta de cárcel para los funcionarios de una empresa que caen en actos de corrupción. La forma de monitorearlos es diferente para que pueda ser operativa. No rechazamos nuestra responsabilidad, al contrario», añadió.
Tras su aprobación en el Congreso, el presidente Enrique Peña Nieto tiene un periodo legal de 30 días para hacer observaciones o correcciones a la ley 3de3 o al Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto.
Fuente: El Financiero