Sin embargo, los diputados federales ignoraron la protesta empresarial y sus cabildeos y aprobaron los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, tal y como se las envió el Senado. El dictamen fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.
La presión y el cabildeo de los empresarios fracasó en la Cámara de Diputados para eliminar la disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se aplicará a los proveedores del gobierno.
Tampoco prosperó la propuesta de la oposición para establecer la publicidad de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de interés.
Consecuentemente, después de una sesión de diez horas, la mayoría parlamentaria del PRI, PVEM y Nueva Alianza consiguió sacar adelante sin ningún cambio el paquete de las leyes secundarias anticorrupción enviado por el Senado.
El decreto enviado al Ejecutivo para su promulgación contiene las leyes Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; General del Sistema Nacional Anticorrupción, y General de Responsabilidades Administrativas.
En ese orden, las leyes fueron votadas por separado en lo general; la primera por unanimidad de 456 votos; la segunda con 449 votos a favor y uno en contra, y la última con 338 votos a favor y 110 en contra.
El dictamen, turnado al Ejecutivo, señala que los objetivos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción son establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
Fuente: Excélsior