REFORMA publicó ayer que los tribunales de Justicia, de lo Contencioso Administrativo y Electoral locales no quieren hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de sus jueces y Magistrados, por lo que promovieron invalidar un artículo de la Ley de Transparencia capitalina.

Los funcionarios judiciales no pedían que se les exentara de presentar sus declaraciones al órgano de Gobierno correspondiente, pero sí que no se difundieran las versiones públicas, mientras la Corte resuelve sobre la Constitucionalidad del artículo 121, fracción XIII, de la ley en cuestión.

Pero el ministro José Ramón Cosío negó la suspensión.

Ahora, los tribunales afectados podrán impugnar la negativa de suspensión mediante reclamación, proceso que resolverá una de las Salas o el Pleno de la Corte.

Aunque negó la suspensión, el ministro ponente si admitió a tramite la controversia, por lo que emplazó a la ALDF y al Jefe de Gobierno para que defiendan el 3de3.

El Pleno de la Corte no tiene plazo para resolver, pero podría tomar alrededor de un año, y se requiere el voto de 8 de los 11 ministros para invalidar la fracción impugnada.

Los tribunales alegan que la Asamblea violó el derecho humano a la privacidad y la intimidad, y puso en riesgo el ejercicio de la función jurisdiccional, al obligar a jueces y magistrados revelar datos personales que podrían hacerlos vulnerables a presiones externas.

También sostienen que la ley local va más allá de lo previsto en la Ley General de Transparencia, que deja a elección de los servidores públicos si se difunden o no sus declaraciones patrimoniales, como ha sido tradicional.

Cabe recordar que en 2013, el Pleno de la Corte declaró Constitucional un artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que también deja a elección de los funcionarios si se publican o no los detalles de sus declaraciones patrimoniales.

La nueva Ley General de Responsabilidades, aprobada por el Congreso como parte del sistema anticorrupción, contempla el 3de3 y dejaría en manos de un Comité Ciudadano decidir qué elementos de las declaraciones tendrían que publicarse.

Critican resistencia

La resistencia de los jueces de los tribunales de la Ciudad para hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, conocida como 3de3, fue cuestionada por integrantes de la Comisión de Transparencia en la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión, Ernesto Sánchez, reprobó la oposición de los jueces a que se les aplique el 3de3 de la recién aprobada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas.

«Repruebo la actitud de los altos tribunales al oponerse contra las atribuciones adquiridas por la reciente ley de transparencia.

«Aquí los jueces y magistrados son pagados con recursos públicos que son impuestos de la ciudadanía, los cuales deben someterse como todos los servidores públicos sin excepción», expresó el panista.

El legislador aseguró que defenderá el 3de3 ante la Suprema Corte de Justicia, porque esa herramienta sirve para combatir frontalmente la corrupción.

Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena, calificó como ‘terrible’ que los magistrados se resistan a transparentar sus bienes.

«Lo que me queda claro es que los que están impulsando este amparo de la justicia, pues son agentes inmobiliarios de toga y birrete y, por eso, no quieren dar a conocer cuáles son sus propiedades, eso tenían que haberlo pensado antes de meterse a la carrera judicial», fustigó el morenista.

El 6 de mayo pasado fue publicada la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, donde quedó establecida la obligación de presentar la declaración 3de3.

Pero, los Tribunales Judicial, Electoral y Administrativo presentaron una controversia constitucional contra la obligación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que la ALDF estaba invadiendo facultades.

«Ellos que deberían ser la imparcialidad, la honestidad y la justicia, ahora resulta que se sienten atacados por el poder legislativo», reiteró el morenista.

Dunia Ludlow, legisladora priista, lo consideró una incongruencia e hipocresía por parte del Gobierno de la Ciudad y del PRD, pues ellos fueron los que colocaron a los magistrados de los Tribunales Administrativo, Electoral y Judicial.

«Me parece hipócrita por parte del PRD que quieran engañar a la ciudadanía y que esto que dicen en el Senado que sí y que se convierte en una realidad en la Ciudad, lo quieren echar atrás a través de los mismos tribunales que ellos pusieron», dijo Ludlow. Fuente: Reforma