Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, reiteró que solicitará, de 13 a 37 años de cárcel para Rafael Duarte Pereda, acusado de probable abuso sexual en contra de tres menores de edad, dos de manera directa y uno de forma psicológica, del colegio Matatena Montessori; advirtió que corresponderá al juez emitir sentencia.
Ríos Garza en entrevista para el espacio informativo de José Cárdenas Informa, indicó que el detenido este día a las 07:00 de la mañana, ya ha sido trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Reconoció que aunque para la Procuraduría todos los casos son importantes, en este hubo un tema mediático, «porque se trata de un grupo muy vulnerable de la sociedad. Cuando hablas de menores, estamos hablando de niños y niñas que van de los dos a los siete años, y cuando alguien realiza un acto en contra de este grupo vulnerable, lastima a toda la sociedad».
Por ello, dijo, ante este escándalo mediático, «se ha cuidado que no se vulnerare la presunción de inocencia. Creo toda persona tiene y goza del principio de presunción de inocencia, en ningún momento hemos vulnerado el debido proceso, nosotros lo citamos a comparecer para que conociera la imputación que había en su contra; él incluso hace uso incluso de esta facultad constitucional que tiene de reservarse a declarar.
Reiteró que la pena a la que se haría acreedor Rafael Duarte, al que se le acusa por el delito de abuso sexual agravado en contra de tres menores, no puede ser menor a los 13 años de prisión ni mayor 37, por lo que «tenemos la seguridad de que va a haber un auto de formal prisión».
Explicó que Duarte Pereda, a quien se le dio a conocer las acusaciones que obran en su contra, estuvo asistido por su abogado particular y negó los hechos, incluso quiso contestar preguntas del Ministerio Público.
Más tarde, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Oriente, donde fue puesto a disposición de un juez que conoce del tema, y serán las autoridades penitenciaras las encargadas de resguardar su seguridad, tal como se hace con todas las personas que se encuentran internas.
Recordó que son dos casos diferentes los que envuelven el caso, el primero se suscitó en el mes de diciembre, cuando los padres de familia presentaron una queja ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) por asuntos administrativos, «pero ya fue hasta el 9 de abril, que ellos presentan la denuncia ante la Procuraduría capitalina, por el caso de abuso a menores, es decir hace un mes dos días; son dos temas diferentes, una es una queja de carácter administrativo ante la SEP y el otro en materia penal, ya aquí en la Procuraduría».