Es de celebrarse la decisión de Enrique Peña Nieto de conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y Transfobia, y anunciar dos proyectos de ley para combatir la discriminación de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT):

Una iniciativa para reformar el Artículo 4º. de la Constitución a fin de reconocer como un derecho humano inalienable que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación de algún tipo, incluidas las preferencias sexuales, y otra propuesta para reformar el Código Civil Federal a fin de asegurar el matrimonio igualitario, evitar las expresiones discriminatorias y permitir que el Estado expida actas de nacimiento que reconozcan la identidad de las personas transgénero.

La Comisión Permanente del Congreso ha recibido las iniciativas que colocan al Ejecutivo a la vanguardia en defensa de los derechos humanos de una comunidad históricamente discriminada.

No se puede escatimar el valor del anuncio presidencial. Sin embargo, plantear de manera decisiva el derecho de las personas de la comunidad LGBT a tener una identidad legal va contra corriente en un país dividido por el prejuicio y la homofobia, donde discriminación y rechazo a las diferencias sexuales imponen sobre la dignidad humana.

Hace apenas seis años, el gobierno calderonista emprendía una cruzada legal contra la administración progresista de Marcelo Ebrard, que se atrevió a legalizar las uniones “igualitarias” y la adopción homoparental.

Como era de esperarse, ambas iniciativas peñistas han topado inmediatamente con la oposición de la influyente Conferencia del Episcopado Mexicano, que sólo avala el matrimonio entre hombre y mujer, y demanda al Poder Legislativo estudiar a fondo todas las consecuencias que conlleva la propuesta presidencial. Otros grupos católicos, armados con la cruz en una mano y el catecismo en la otra, expresan rechazo total.

Más allá de la oposición prevista, el camino será titánico y tortuoso para lograr una transformación profunda. Cambiar las leyes puede resultar sencillo, lo complejo será desarraigar usos y costumbres que toleran y promueven la persecución de los estigmatizados por su preferencia sexual.

EL MONJE ABOGADO: Realidad impone diversidad. El respeto a los derechos fundamentales no depende sólo de la opinión de las mayorías. Es deber constitucional evitar cualquier discriminación y ofensa; construir fórmulas que concilien el respeto a todos en las diferencias  de todos… al precio que sea.