Benjamín Torres Uballe
Una de las maneras más lastimosas e inútiles que existen en México para tirar el dinero de los contribuyentes es lo destinado a las desprestigiadas campañas electorales. Ese añejo sistema no aporta un ápice a nuestra endeble democracia. En contraparte, sólo sirve para destapar las cloacas de los adversarios políticos, para denostar a costa de lo que sea. Lo importante es que el “rival” a vencer no gane, al fin y al cabo los recursos para hacerlo están garantizados por el erario.
Cada proceso electoral escuchamos los mismos argumentos vacuos y cínicos de quienes aspiran a ocupar un cargo público. La demagogia es insultantemente repetitiva, pero ahí permanece, tratando de horadar la paciencia espartana de los posibles votantes mediante sosos anuncios en los medios de comunicación electrónicos; eso tampoco les cuesta ni a candidatos ni a partidos.
Las asignaciones presupuestarias a los contendientes electorales no es garantía de eficacia en el uso de tales recursos. Tampoco de transparencia. Menos de probidad. Muchos de los proveedores a quienes se les otorgan contratos para publicidad y elaboración de artículos electoreros —las consabidas mantas, gorras, playeras, llaveros, etcétera— son empresas de familiares, amigos o de los propios candidatos en algunos casos, es decir, el inmoral negocio desde el comienzo. Faltaba más.
Pronto se olvidan las promesas juradas, firmadas, hechas con lágrimas en los ojos y cargando a un niño en los mítines o besando la frente arrugada de una anciana. Los compromisos en campaña llevan implícitos un poderoso amnésico y la más grande sinvergüenza. Electoralismo absoluto.
Nada de lo que se ofrece en campaña tiene la menor trascendencia en beneficio de los ciudadanos. Muchas veces escuchamos que nuestro PIB crecerá a tasas asombrosas, que se van a generar millones de empleos formales, que la pobreza sólo será un mal recuerdo, y que la violencia y sus causantes sentirán todo el peso del Estado, del cual —nos aseguran— no escaparán.
Demasiados días de campañas electoreras conducen por necesidad al hartazgo de la población, a no querer saber nada de embustes sistemáticos, ni de filtraciones, ni de chismes. El lodo que se lanzan los pretendientes a vivir de nuestros impuestos los ensucia aún más, pero también a la democracia del país, lastre que le impide avanzar de forma vigorosa hacia niveles benéficos.
Si las ofertas electoreras per se no pasan de ser meras falacias, si no aportan nada al progreso de la población, mucho menos inciden en mejores niveles democráticos para los 120 millones de mexicanos y, por el contrario, son una insaciable demanda de recursos, ¿cuál es el beneficio tangible de las dichosas campañas electorales? Hoy nadie puede invocar beneficio alguno.
Quizás es suficiente recordar las vastas y profundas necesidades de la enorme mayoría de mexicanos. También de los más de 50 millones de pobres, del magro crecimiento económico o de la inmensa cantidad de connacionales que han tenido que emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida que México no fue capaz de ofrecerles, para entender a cabalidad que es inmoral y perverso despilfarrar en campañas electorales que, por estériles, están de más en una nación subdesarrollada —aunque el término no guste a muchos— llena de carencias y cuyo ineficiente sistema electoral semeja a un amplio barril sin fondo.
México, con su cúmulo de imperiosas necesidades en educación, empleo, justicia, y la impostergable urgencia de cerrar la enorme brecha de la desigualdad, no puede vivir gastando como rico, simulando una abierta democracia a costa de satisfacer a una clase política ya de por sí privilegiada en todos los aspectos. Hoy, las campañas electoreras son una inmoralidad terrible.
EL ATAQUE DE LA IGLESIA A PEÑA NIETO
Hechos recientes, acaecidos en diferentes sectores y circunstancias, podrían llevar a considerar que el poder del presidente Peña Nieto se debilita a grandes pasos. Por ejemplo, al inicio del sexenio era impensable que personajes relevantes o ciertos sectores tradicionalmente aliados al Partido Revolucionario Institucional criticaran abiertamente al mandatario. Nadie se atrevía.
Luego del tormentoso caso Iguala y de la ejecución en Tlatlaya —hechos por los que el Presidente fue sometido a duras críticas en el mundo—, la todopoderosa imagen presidencial fue socavada hasta niveles peligrosos. Y de ahí pa’l real, cualquiera podía ya criticar la gestión y decisiones del Ejecutivo, como la Iglesia católica, que este domingo no sólo refutó la propuesta de Peña Nieto para reconocer legalmente a los matrimonios igualitarios, sino que la llamó “grave equívoco”.
“Habiendo tantos problemas que tienen de rodillas al país —como el flagelo del narcotráfico y la violencia que genera; la inseguridad que, según una última encuesta, afecta al 85 por ciento de los mexicanos; la desigualdad social que mantiene a más de la mitad de la población en la pobreza, y la corrupción, que permea como la humedad sin que la clase política se atreva a legislar las reformas que exige la sociedad civil—, no es posible que el Gobierno de la República ponga como prioridad legislar sobre falsos derechos, que no se sostienen desde una base antropológica, y que minan los valores sociales y familiares sobre los que tradicionalmente se ha asentado la sociedad mexicana”, el desafío de la jerarquía católica está a la vista, los empresarios parecen preparar el suyo y, así, pronto vendrán los demás.
@BTU15
