El oficio fue firmado por sus abogados Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza, defensores de Guzmán, quienes se inconforman de la autorización expresa de las autoridades de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el pasado 6 de mayo, cuando anunciaron la entrega de Guzmán a la justicia de los Estados Unidos de América.
El caso fue admitido por el Juez Décimo Tercero de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, quien radicó el juicio de amparo con el número 485/2016, y se menciona como autoridades responsables al Presidente de la República, a los jueces Tercero, Octavo y Décimo Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, donde se le llevan juicios, y a la Cancillería mexicana.
El juzgador concedió las medidas precautorias y previno a los abogados para que antes del cinco de junio manifiesten los motivos por los cuales atribuyen el carácter de autoridades responsables al Presidente Peña Nieto, y a los jueces penales federales, ya que en su escrito afirman que la orden de extradición fue emitida por la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Debido a que a Joaquín Archivaldo se le concedió la suspensión provisional según se lee en el documento, “que el mandamiento no se ejecute y el directo quejoso quede a disposición de este órgano de control constitucional” en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encuentra recluido, en tanto se resuelve la suspensión definitiva.
Fuente: El Financiero