Destituida en medio de una feroz crisis económica y un colosal escándalo de corrupción que golpea a la clase política brasileña en general. Un final de mandato trágico para Rousseff y para 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política de izquierda que llegó a ser admirada dentro y fuera de Brasil por sacar a millones de personas de la pobreza.
Pero, ¿cuáles son los motivos por los que la presidenta podría ser recordada además de este impeachment?
A continuación, tres hechos que han sido ampliamente señalados como errores de Rousseff y otros tres considerados aciertos —aunque no abarquen toda su gestión, quizá alguno sirva para entender por qué la presidenta está en una situación límite.
Uno de los errores más atribuidos a Rousseff es el haberse quedado virtualmente aislada en la Presidencia por su estilo imperioso y su falta de cintura política para gobernar.
Varios defensores de Rousseff sostienen que esas críticas responden al machismo de la sociedad brasileña y que difícilmente existirían si el presidente fuera hombre.
Dilma Rousseff es criticada por la distancia que marcó con sus aliados en el Congreso.
Sin embargo, hasta los correligionarios de Rousseff deslizan en estos días comentarios poco elogiosos a la forma como se ha conducido desde lo más alto del poder.
La pérdida de apoyo político de Rousseff se refleja ahora en el Congreso, donde exaliados y hasta recientes ministros de su gobierno apoyan el proceso para suspenderla y juzgarla.
¿Rousseff sería sometida a un juicio político si la economía de su país estuviera mejor? Muchos creen que la respuesta a esta pregunta es un gran no.
Pero eso difícilmente sirva de consuelo para la presidenta y, sobre todo, para los millones de brasileños que sufren la peor caída económica de su país en varias décadas.
Cerca de 1,8 millones de puestos de trabajo se perdieron en Brasil desde que Rousseff inició su segundo mandato en enero de 2015 y la tasa de desempleo subió hasta 10,9% en el primer trimestre de este año, según datos oficiales.
La fuerte recesión económica ha golpeado el mercado laboral en Brasil, poniendo en riesgo avances sociales recientes.
Se estima que en 2016 la recesión brasileña puede ser tan profunda como el año pasado (3,8%) y se teme que esto, sumado una inflación en torno a 10%, destruya los avances sociales que Brasil tuvo en tiempos recientes.
La presidenta sostiene que estos problemas responden en parte a factores fuera de su control, como la caída en los precios de las materias primas, la desaceleración de China o una sequía en su país.
Pero entre los expertos existe la convicción de que Rousseff, una economista que se involucró hasta en microdecisiones que solían tomar ministros o técnicos de gobierno, hizo oídos sordos a los avisos de que el modelo de crecimiento basado en el consumo familiar se había agotado en Brasil.
El déficit presupuestal brasileño llegó a 10,8% del PIB y ahora Rousseff está a punto de ser suspendida y juzgada por sospechas de que ocultó ese problema, acusaciones que ella rechaza.
Justo cuando la cámara de Diputados iniciaba el trámite para abrirle juicio político, Rousseff tomó una decisión en marzo que muchos vieron como un grueso error: nombrar a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva ministro de gobierno.
“Todo muestra que fue un error político”, dijo el analista político David Fleischer a BBC Mundo en ese momento.
El anuncio se produjo mientras Lula era investigado por sospechas de que recibió beneficios disimulados de empresas que participaron del gigantesco esquema de sobornos en Petrobras, algo que él niega.
Las sospechas de que Rousseff intentaba salvar a su padrino político de un eventual arresto, dándole el estatus judicial especial que tienen los ministros, crecieron cuando el juez de la causa, Sérgio Moro, divulgó un diálogo telefónico entre ambos.
Todo el episodio arrojó sombras sobre algo que Rousseff solía señalar como un logro de su gobierno: la supuesta falta de injerencia en la devastadora investigación de la red de sobornos en Petrobras.
Aunque parezca paradójico, fue durante el gobierno de Rousseff que Brasil obtuvo herramientas usadas para destapar el escándalo de Petrobras.
Uno de esos instrumentos fue la “ley anticorrupción” que Rousseff promulgó en agosto de 2013, estableciendo penas para empresas que perjudiquen a la administración pública y mecanismos para que colaboren con los investigadores.
Nuevas leyes contra la corrupción permitieron avanzar la investigación en Petrobras y detener figuras como José Dirceu, exjefe de gabinete de Lula.
La norma fue el resultado de negociaciones con aliados en el Congreso, aunque la presidenta llegó a sorprender al vetar algunos puntos que ponían límites o salvedades a los castigos, volviendo la ley más dura.
Ese mismo mes Rousseff sancionó una «ley de organizaciones criminales» que fijó reglas de la colaboración premiada: el acuerdo para que alguien contribuya con una investigación en la justicia a cambio de reducir su propia pena.
Fue algo que emocionó hasta las lágrimas a Rousseff: la comisión que ella misma instaló para investigar los abusos del régimen militar en Brasil (1964-1985) le entregó su informe final en diciembre de 2014.
El texto detalló métodos de tortura empleados por agentes del régimen, como aplicar choques eléctricos o cucarachas en los cuerpos de prisioneros, entre los que estuvo la propia Rousseff, una exguerrillera detenida en los años 70.
Con más de 3.000 páginas, el documento identificó a 377 responsables de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, sugiriendo juzgar a aquellos que siguen vivos: militares, policías y agentes públicos de la época.
Aunque los autores de esos crímenes eludieron la justicia mediante una ley de amnistía de 1979 (una gran diferencia con otros países de la región) un informe así era inimaginable en Brasil años antes y fue elogiado dentro y fuera del país.
Rousseff promulgó en agosto de 2012 una de las leyes de acción afirmativa más ambiciosas de América Latina, para combatir un problema endémico de la región: la desigualdad social.
La ley, propuesta al Congreso años antes, reservó la mitad de los cupos de ingreso en universidades federales a egresados de liceos públicos negros, mulatos, indígenas y pobres.
La ley que promulgó Rousseff permitió que más de 150 mil negros ingresaran a la universidad.
Aunque más de la mitad de los brasileños se definen a sí mismos como negros o mulatos, según el censo de 2010, los blancos perciben en promedio cerca del doble de ingresos.
Semejante diferencia es considerada un legado vigente de la época de la esclavitud, y muchos vieron la norma sancionada por Rousseff como una instrumento para cambiar esa realidad.
“La ley de cuotas es fundamental porque cuestiona el dominio de las élites en las facultades públicas brasileñas”, dijo entonces a BBC Mundo el fraile franciscano Frei David Raimundo dos Santos, de la organización local Educafro.
También hubo críticas de quienes sostuvieron que caería la calidad de las universidades, obligándolas a incorporar alumnos de menor nivel educativo, pero la iniciativa reunió al final un apoyo casi unánime en el Senado.
La ley dio a las universidades federales cuatro años para adaptarse y, según datos oficiales, hasta fin del año pasado permitió que más de 150 mil negros ingresaron a esas casas de estudio superior.
Fuente: BBC