En entrevista con REFORMA, dos expertos en política brasileña dieron sus puntos de vista sobre la situación que vive actualmente el país sudamericano. Coinciden en que el «impeachment» no tiene fundamentos legales, pero tienen lecturas diferentes de la problemática.

«Es un golpe de Estado disfrazado. La Constitución sólo prevé el ‘impeachment’ cuando se viola alguna ley en el ejercicio público y no hay ninguna prueba de que Rousseff lo hiciera. Una justificación para el ‘impeachment’ de la Presidenta es que su Gobierno adoptó procedimientos financieros cuestionables. Sin embargo, las cuentas públicas de 2015 ni siquiera han sido analizadas; la acusación no procede», opina Regina Crespo, profesora brasileña del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

«Desde 2013 la Oposición ha incrementado su campaña en contra del Gobierno y no ha aceptado su derrota en las elecciones de 2014. El Congreso es conservador y clientelar, el Poder Judicial es corporativista y se ha partidarizado, los medios electrónicos e impresos son parciales e interesados», agregó.

Para Adrian Gurza, politólogo de la Universidad de Sao Paulo, el juicio político contra la Mandataria no es enteramente un golpe de Estado, como afirma el Gobierno, ni un triunfo en la lucha contra la corrupción, como sostienen algunos opositores y medios locales.

«Ninguna de las interpretaciones son enteramente correctas. Los actores políticos mezclan ambas problemáticas por el apoyo popular en las calles, pero en realidad son dos procesos diferentes», asegura.

«Por un lado, no hay ningún crimen de responsabilidad asociado a la Presidente Rousseff. En ese sentido, utilizar la figura del ‘impeachment’ para destituirla es un golpe (…) Sobre si es un logro contra la corrupción, es cierto que en Brasil el Poder Judicial ha hecho conquistas clave al respecto, pero eso no tiene que ver con el juicio a la Presidenta.

«El problema es que la polarización y el tratamiento mediático del tema han hecho creer que el juicio a Rousseff es consecuencia de los escándalos de corrupción, y no es así», agrega.

Crespo sostiene que hay muchos intereses en juego en medio de una economía que ahora está en jaque.

«La creación de los BRICS y ahora de su banco no agrada a muchos. La reserva de la explotación del pre-sal por Petrobras protege Brasil, pero hiere los intereses de las grandes corporaciones. Hay una vinculación entre intereses externos y un proyecto de poder interno, conducido por la Oposición en un parlamento en que un tercio de los miembros está bajo investigación policiaca», indicó.

Gurza, en tanto, ve a tres actores clave que estarían detrás del golpe: los partidos políticos que perdieron la elección de 2014, los medios de comunicación y los grandes poderes económicos que han vistos dañados sus intereses con la crisis.

Para ambos especialistas, la destitución de Rousseff no garantiza estabilidad económica ni política, y destacan que los involucrados en escándalos de corrupción como el de Petrobras incluye a miembros de varios partidos.

«La destitución ilegal de Rousseff y su sustitución por (por el vicepresidente Michel Temer), líder del PMDB, podrá lanzar el país a una crisis social y política sin precedentes. Los movimientos de rechazo al golpe indican que gran parte del país no lo aceptará.

«Con Temer en la Presidencia, los medios abandonarán el discurso de combate a la corrupción y defenderán un pacto conservador. Qué pasará en Brasil es una gran incógnita», dijo Crespo.

«Muchos se podrían llevar una sorpresa negativa porque la crisis económica en Brasil no se resuelve quitando a la Presidenta. Además, no hay muchas cosas que hacer contra la agresiva política fiscal ya implementada. Probablemente, parte de los actores económicos recuperen cierta confianza para la inversión, pero las causas de fondo, la recesión, el déficit y el proceso de desindustrialización no se resuelven.

«No importa quién llegue al poder, en realidad no hay una salida clara para la crisis; ése es un trago amargo que durará dos o tres años más.

«Por otro lado, el PMDB de Temer es el partido con más políticos investigados por corrupción, y preocupa lo que pueda hacer para restarle autonomía al poder judicial», indicó el académico de Sao Paulo.