La filtración –urbi et orbi– de 11.5 millones de documentos financieros más grande de la historia rebasa el impacto de los secretos de seguridad estadunidense revelados por Edward Snowden y Julian Assagne, en WikiLeaks–. Desnuda la proclividad de al menos 140 muy ricos y muy famosos empresarios, líderes políticos, celebridades, actores y estrellas del deporte por esconder costales cargados de millones de dólares al amparo de la discreción ofrecida por decenas de paraísos fiscales en Las Bahamas, Islas Vírgenes (el más popular), Seychelles, o las Islas Caimán, por ejemplo.

Sin embargo, ese uso y fea costumbre, aunque huela mal, no es ilegal.

Los “inversores” buscan el refugio de las llamadas empresas Offshore, para mantener sus caudales a buen resguardo, lejos de envidias y miradas indiscretas, aunque se sospeche que algunas de esas maniobras sirvan para evadir el pago de impuestos, sepultar delitos financieros, o lavar dinero.

Entre los nombres que aparecen en la lista revelada por el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo –participan periodistas de 78 países; en México el semanario Proceso y el portal Aristeguinoticias– aparecen varios mexicanos: Juan Armando Hinojosa Cantú (Grupo HIGA), Amado Yáñez (Oceanografía), Rafael Caro Quintero, Carlos Hank Rhon, Ramiro García Cantú, Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Alfonso de Angoitia (vicepresidente de Finanzas de Televisa), Guillermo Cañedo White o la actriz, Edith González.

Sin duda, el escándalo mayor lo protagoniza el empresario más incómodo del sexenio, Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista cercano a los afectos del Presidente de la República, quien según la “lista negra” sacó del país 100 millones de dólares, semanas después del escándalo de la Casa Blanca de Las Lomas.

Hinojosa y el resto de las “celebridades” mencionadas, deben explicar al fisco de donde salió tanta “lana”, cuáles fueron los objetivos de contratar los servicios del bufete Mossack Fonseca, la firma panameña encargada de la “secreta” ingeniería financiera… y sobre todo, deben acreditar que el dinero enterrado en los paraísos fiscales tiene un origen legal y ha pagado los impuestos correspondientes.

El Servicio de Administración Tributaria tiene la obligación urgente de hacer cuentas de los señalados y si es el caso, castigar transas.

EL MONJE ENVIDIOSO: Los #Panamapapers destapan la hipocresía de no pocos acaudalados; perforan el blindaje del cinismo de la casta “vivilla” desde “chiquilla”.