Colaboración de Carlos Urdiales
Hoy en Innsbruck, Austria, el subprocurador Eber Betanzos recibirá un sobre cerrado con el resultado de las pruebas de análisis e identificación de restos humanos y restos de ropa hallados en el basurero de Cocula, Guerrero.
De ahí Betanzos viajará a Washington, a la CIDH, y junto con los integrantes del GIEI, y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, conocer el informe en México. Primero a los padres, luego a los medios.
El viernes, cuando el vocero del grupo de Expertos en Fuego, Ricardo Damián Torres leyó en la PGR las conclusiones del tercer peritaje practicado en el tiradero guerrerense, la otra verdad, la de panfleto y mitin, esa que quiere como cabeza “están vivos” o al menos, “fue el Estado” (y no el Municipio perredista de Iguala), quien los mató, se desmoronó.
Pronto sabremos más sobre la identificación positiva de los restos de más estudiantes normalistas (de dos ya están confirmados), poco probable que de los 43 pero, si se reconoce a más de una docena de ellos, la mentira de José Torero, el experto independiente que aseguró que ahí no habían podido ser quemados, quedará expuesta.
Torero, más los beneficiarios de la industria dedicada a la carroña política resultado de la tragedia de 43 familias, de instituciones locales secuestradas y al servicio del crimen organizado, de autoridades federales reactivas y una opinión pública hambrienta de estímulos reactivos a todo lo “oficial”, dijeron que la mal llamada “verdad histórica” era una perversidad de iguales proporciones.
Pasado mañana, el ex procurador Jesús Murillo Karam se encontrará con los integrantes de la Comisión especial de la Cámara de Diputados sobre el tema. En menos de una semana, los análisis científicos del más alto nivel, colegiados y suscritos por los mismos integrantes del GIEI enviados por la CIDH, nos habrán acercado más a la versión inicial de la PGR.
Si los hechos, reconstruidos pericialmente, ocurridos el 27 de septiembre de 2014 no fuesen como informó en su momento Murillo, y como ha seguido operando en Ministerio Público con sus diligencias, habría más de cien presos que deberían ser liberados de inmediato por mentir sobre su participación en el secuestro, asesinato e incineración de los jóvenes de Ayotzinapa.
El recorrido ha sido largo y costoso. Primero los padres de los 43 normalistas cuyo luto ha sido aprovechado para rentas políticas y financieras de abogados, voceros y representantes que han propagado aberraciones como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Para el país, Ayotzinapa ha significado una herida que fortalece la imagen de una nación sin Estado de Derecho en vastas regiones, de la deuda que mexicana con la legalidad a carta cabal para todos, sin distingo alguno. Más de 18 meses de perpetuar el dolor para beneficiar proyectos políticos claros, evidentes y próximos.
