Cuatro de los cinco miembros del GIEI señalaron que, a pesar de que su trabajo está lejos de completarse, ellos deben irse.
«Las condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo no es existen», dijo Claudia Paz y Paz, quien forma parte del panel de expertos. «La prueba es que el gobierno se opuso a extender nuestro periodo, ¿o no?»
Paz y Paz, quien realizó investigaciones forenses en Guatemala, no es la única que asegura que el gobierno mexicano los está «expulsando». Francisco Cox, chileno y abogado en Derechos Humanos, dijo que «no tenía sentido quedarse aquí, porque en cierta manera es dar legitimidad a algo que en el fondo sabes que no es correcto».
Para Carlos Beristain, otro de los expertos, «estaba claro en la investigación del gobierno y de la versión oficial de que hubo una intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad». Sin embargo, sus investigaciones demostraron que sí hubo presencia de agentes estatales y federales.
Por otra parte, el gobierno mexicano, dice The New Times, asegura que ha colaborado para que las investigaciones del GIEI se realicen.
Incluso, sigue el diario estadounidense, cuando el panel de expertos llegó a México hubo un recibimiento «cálido». Las cosas cambiaron en septiembre cuando el GIEI publicó un informe que contradecía la llamada «verdad histórica» de la Procuraduría General de la República, encabezada en ese entonces por Jesús Murillo Karam.
«Después de nuestro reporte, fue evidente que la relación cambió», según Cox. «Ellos pensaron que nosotros íbamos a mantener su versión de lo que pasó».
Dos de las expertas, Ángela Buitrago y Claudia Paz y PAz, fueron atacadas por algunos medios. «Eso fue inimaginable. El propósito de todo esto fue sólo para deslegitimizar la investigación, para desacreditarnos y distraernos», lamentó Buitrago.
El New York Times recordó la investigación que la PGR en contra de Emilio Álvarez Ícaza, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que el GIEI es parte, por presunto fraude.
«Es interesante que ellos hayan investigado esto, en lugar de investigar los cientos de casos de personas que no saben nada de sus seres queridos, sin ningún tipo de asistencia de la Procuraduría», indicó James L. Cavallaro, el presidente de la CIDH.
Fuente: El Universal