Colaboración de Guillermina Gómora
Reza el proverbio jurídico que: “justicia lenta no es justicia” y en nuestro país, lamentablemente es la constante, aquí algunos ejemplos.
Han pasado 15 meses de la violación a Daphne Fernández, en Boca del Río, Veracruz, casi un año de la denuncia presentada por su padre, Javier Fernández y apenas se libraron las ordenes de aprehensión en contra de sus agresores, prófugos, por cierto.
Tuvo que registrarse una fuerte presión mediática para que la fiscalía veracruzana decidiera actuar, en contra de las “influyentes” familias de los atacantes: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta.
La prensa local asegura que se trata de empresarios pertenecientes al Club de Rotarios, y amigos cercanos al ex gobernador Fidel Herrera y a Javier Duarte. Incluso, a uno de ellos, Felipe Capitaine, se le asocia con el Cártel de “Los Zetas”, luego de su paso, varias veces, por la presidencia municipal de Nautla, territorio controlado por este grupo criminal.
Ahí, el origen de la impunidad de la que gozan hasta quién sabe cuándo, pues aunque se giraron las órdenes de aprehensión, ahora sigue la captura de estos en España y Estados Unidos donde se encuentran y luego el proceso de extradición. ¿Meses, años? No lo sabemos.
De la víctima y su familia, a más de un año de los hechos, ni la fiscalía, ni ninguna instancia de Derechos Humanos les ha ofrecido atención, ni el acompañamiento requerido en este tipo de situaciones.
El gobernador, Javier Duarte y su fiscal, Luis Ángel Bravo, se van en noviembre, lo que menos les importa, ha quedado claro, en este caso y en otros, es aplicar la ley. Lo suyo, es una justicia de cuate$ y de cuota$.
Otro caso que refleja esto último, es lo que sucede con Alberto Sentíes Palacio, mejor conocido como #LordFerrari, que sigue en su rol de víctima… a distancia claro, desde Miami, Estados Unidos, y protegido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que preside Perla Gómez Gallardo.
La ombudsman, ordenó la aplicación de medidas cautelares, que salvaguarden la honra de este vivales. Vaya paradoja, pide protección para un delincuente y se olvida de las víctimas, juzgue usted:
El hombre que saltó a la fama, luego de que ordenó a su escolta golpear al conductor de una camioneta en Tlalpan, tiene en la Procuraduría General de Justicia capitalina, un negro historial en materia de fraudes, hay registro de seis averiguaciones previas por estafa, los montos van, de 450 mil, hasta 16 millones de pesos.
Siempre usa el mismo modus operandi, contactar a inversionistas necesitados de dinero para proyectos y garantizarles que traerá fondos de empresas americanas, las cuales se han investigado y no existen.
Por ejemplo, a quien defraudó por 16 millones de pesos, le prometió conseguirle más de 30 millones de dólares, ofrece cifras atractivas para que el incauto caiga.
¿Qué por qué está libre?, adivinó, juece$ y ministerio$ público$ corrupto$ que no han tenido empacho en dilatar la aplicación de la ley para castigar a “Lord Ferrari”.
Sin embargo, su buena $uerte se acabó y ahora la Procuraduría capitalina, a cargo de Rodolfo Ríos, va por este delincuente, pese a que la CDHDF, insista en protegerlo y pedir medidas precautorias, incluidos a los medios de comunicación, para evitar la deshonra de este defraudador.
Ojalá que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Luis Raúl González no vaya a caer en la trampa de querer también defenderlo cuando el SAT de Aristóteles Núñez lo llame a cuentas para que responda ante la PGR sobre la evasión fiscal y otros actos de origen penal.
Seguramente, como estas historias habrá cientos, miles de ellas en nuestro país, no en balde el Índice de Impunidad Global México reveló, en febrero pasado, que al menos 99 por ciento de los delitos que se cometen en el país no son castigados, debido a que solo 7 de cada 100 son denunciados por los ciudadanos y por estos delitos solo hay un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias.
El índice elaborado por la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, precisa que los delitos que no se denuncian, alcanzan un porcentaje no menor al 92.8 por ciento desde 2013 debido a la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad que tienen los ciudadanos, pero sobre todo, porque no hay un reflejo de castigo.
Es decir: impunidad. Un problema generalizado en el país, que confirma la ineficacia e ineficiencia institucional a lo largo de todas las etapas del proceso de procuración e impartición de justicia.
Vericuentos
Ajustes en el Infonavit
El nuevo director general del Infonavit, David Penchyna, arranca con el pie derecho su gestión en beneficio de los más de 50 millones de trabajadores que cotizan en el instituto. Logró que sus ex compañeros en el Senado aprobaran una iniciativa para modificar algunos artículos de la ley del Infonavit, generando beneficios a los trabajadores en dos sentidos: por un lado, los dotarán de mayores facilidades para acceder a una vivienda y, por el otro, les brindará la posibilidad de trasladar los recursos de su subcuenta de vivienda (cuando no haya hecho uso de su crédito hipotecario) a su fondo de retiro, si así lo desean, fortaleciendo de esta forma su pensión. Sin duda, una buena noticia para el bolsillo de sus derechohabientes.
@guillegomora
