Colaboración de Guillermina Gómora Ordóñez
El próximo viernes 11 de marzo se cumplirán 2 meses del levantón y desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, lamentable episodio de nuestra historia reciente que confirma la complicidad, la corrupción y la impunidad con la que se conducen la mayor parte de los cuerpos policiacos en México.
Una tragedia que marcó a las familias de Bernardo Benítez Herrera, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo.
Viacrucis que comenzó la madrugada del pasado 11 de enero cuando a “juicio” de los policías estatales, al servicio del crimen organizado, los muchachos eran ‘‘sospechosos’’, estaban ‘‘fortachones’’ y venían en un automóvil con placas “foráneas”, así lo declaró el policía Rubén Pérez Andrade, octavo detenido en la investigación a cargo de la Policía Federal (PF) y la Fiscalía veracruzana.
Testimonio previo, a la cruel versión de que las víctimas fueron golpeadas, asesinadas y sus cuerpos destruidos o triturados en el rancho “El Limón”. Historia muy parecida a lo que sucedió en la noche trágica de Iguala, Guerrero en septiembre de 2014.
Ambas con un factor común: policías corruptos y coludidos al servicio del crimen organizado. Secretarios de seguridad pública, locales y estatales, también involucrados y omisos en sus responsabilidades.
Así lo confirmó María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, quien exigió que el secretario de Seguridad de Veracruz sea removido o renuncie, pues consideró que es el principal responsable de la desaparición de los 5 jóvenes en Tierra Blanca.
“Los mismos policías hicieron esto. Son criminales con placa. ¿Y de quién es la responsabilidad?, es del secretario de Seguridad Pública de Veracruz que tiene al 35 por ciento de su policía estatal reprobada y estos policías están en las calles. Además, el 34 por ciento de los mandos están reprobados y los tienen trabajando”, dijo. No hay que olvidar que la mitad de los municipios de Veracruz son resguardados por la Marina.
En el estudio más reciente de Causa en Común, denominado “Desarrollo policial de las entidades federativas 2015”, se desprende que Zacatecas, Estado de México, Guerrero y Michoacán, cuentan con agrupaciones policíacas deficientes y poco confiables.
El número de las entidades reprobadas suman 15, siendo Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas y Puebla los que obtuvieron las calificaciones más bajas, y que les coloca en grave situación para dignificar a sus oficiales y conformar una fuerza policial estatal única, como pretende el gobierno federal.
Lo negro de Tierra Blanca, es que lo sucedido hace dos meses dejó al descubierto otros casos similares de personas levantadas y desaparecidas desde el año pasado en diversos municipios de Veracruz, ante la indolencia y negligencia del gobierno que encabeza Javier Duarte.
Irresponsabilidad que le podría costar al PRI la gubernatura el próximo 5 de junio y que obligó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a exigirle a Duarte, hacer los cambios necesarios para transformar los cuerpos de seguridad en la entidad.
Seguramente nada pasará, pues en más de 5 años no quiso hacerlo, menos ahora que va en cuenta regresiva para entregar el cargo en noviembre próximo.
Por lo pronto, los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca esperan que esta semana los peritos argentinos y la Gendarmería den a conocer los resultados sobre las pruebas de ADN que hicieron a los restos encontrados en el rancho El Limón.
Bernardo Benítez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, se opone a que se le dé carpetazo a la investigación como pretenden las autoridades: “El Fiscal dice que prácticamente la Investigación está terminada, pero hace falta que nos den a conocer los resultados del ADN, falta mucho. En todo caso que no digan quien los mató o quien los mandó matar”, aseguró.
En tanto, seis de los ocho policías detenidos acusados de llevarse a los jóvenes, se ampararon alegando que fueron víctimas de tortura. Vaya paradoja, los verdugos de las víctimas reclaman ahora respeto a sus derechos humanos.
Ante estos ignominiosos hechos, a Bernardo Benítez le asiste toda la razón al afirmar que, “hoy en Veracruz no se sabe cuál delincuencia es peor si la de los policías o los que andan en la calle… la confabulación de ambos grupos ha sembrado el terror entre la población que se debate entre el dolor y la impotencia, por no poder hacer nada”.
Vericuentos
Senado y el campo
Los legisladores voltean hacia el campo mexicano, este jueves se reunirán con el secretario del ramo, José Calzada, para abordar diversos temas relacionados con la ganadería, pesca, acuacultura, sanidad y ganadería. El senador Manuel Cota, presidente de la Comisión de Agricultura y dirigente de la CNC organizó una reunión informativa a la que convocó a los legisladores que estén interesados en estas actividades. Ojalá encuentren eco al exhorto, pues el llamado, alguna vez, “cuerno de la abundancia”, registra problemas severos en algunos sectores.
AMLO sale del aire
Por enésima vez Andrés Manuel López Obrador, se victimiza… Los villanos ahora son el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral que dictaminaron sacar del aire el spot que se difunde actualmente donde afirma: “No quieren que se escuche mi voz, ni quieren que aparezca en televisión, me quieren borrar… En 2018 lo vamos a vender”. Propaganda que viola la ley pues se trata de posicionamientos propios de quien emite el mensaje, los cuales trascienden de los posicionamientos del partido político, toda vez que comunica a los televidentes y radioescuchas situaciones relacionadas con su persona al hablar de “su voz” y de que “lo quieren borrar”. Es decir, hace trampa y lo cacharon.
@guillegomora
