El futuro del desarrollo de la radiodifusión y telecomunicaciones del país se encuentra depositado en un promisorio organismo autónomo conocido como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual sometió a consulta pública las bases de la que será la primera licitación de estaciones de radio comercial en la historia de México. Por supuesto que no se trata de un desafío político y tecnológico menor ni nada que se le parezca. Se propone estimular la libertad de expresión en México a través de la audaz apertura del espectro radiofónico. Debe aclararse que, por el momento, se analiza un proyecto que no ha sido todavía sancionado por los respectivos comisionados de dicho instituto, quienes habrán de materializar los objetivos constitucionales a los que se refiere la reforma en materia de telecomunicaciones. Están por votarse, en el pleno del organismo citado, las bases de licitación de 191 frecuencias de radio comercial en FM y 66 en la banda de AM, proceso importantísimo en sí mismo, pero más relevante aún resulta lo que definan sus integrantes: Gabriel Contreras (presidente del organismo), Adolfo Cuevas, María Elena Estavillo, Ernesto Estrada, Mario Fromow y Adriana Labardini, los auténticos responsables de marcar el ADN de este organismo: ¿querrán beneficiar a los actuales grupos y con ello preservar el statu quo que Peña Nieto prometió modificar con la reforma o pugnarán por dar oxígeno a la competencia y promover la diversidad? ¿Cumplirán con la protección a las audiencias mexicanas o provocarán que la opinión pública y la competencia sigan igual o más concentradas de lo que ahora se encuentran? La radio comercial encontrará su subsistencia en la evolución y frescura de sus contenidos, preservar o aumentar su concentración es lacerar esta industria, no protegerla, de ahí que la ciudadanía interesada en estos temas de trascendencia nacional tenga puesta permanentemente la lupa colocada encima de los escritorios de los comisionados encargados de impartir justicia radiofónica.
Las concesiones comerciales para medios de comunicación electrónicos (radio y televisión gratuitos), históricamente habían sido otorgadas como prebendas como intercambio de favores políticos. Ni la Ley de Vías Generales de Comunicación (de 1940), ni la Ley Federal de Radio y Televisión (de 1960, hoy abrogada por la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014) incluyeron a la licitación como mecanismo de asignación de concesiones, no había concurso, se trataba de un reparto directo y discrecional por parte del Poder Ejecutivo federal.
Tal situación nos llevó a un estado indeseable de concentración en la radio comercial en el que alrededor de 70% del total de estaciones concesionadas en el país operados —en propiedad o mediante afiliación— por 10 grupos radiofónicos. De ahí que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014) reformara el sistema de licitación y apuntalara la pluralidad y la competencia efectiva en radiodifusión para fortalecer nuestra embrionaria vida democrática.
En las manos y en la estructura ética de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentra depositada no ya una aventura comercial radiofónica, sino una buena parte de la expansión democrática de la patria. Yo les doy a dichos comisionados un voto de confianza, querido lector, ¿y usted?
