El diario La Razón dio a conocer que cuatro secuestradores, a quienes el Ejército Mexicano detuvo en flagrancia con un hombre de 67 años de edad, al que mantuvieron cautivo tres semanas, mutilaron y dejaron amarrado dentro de un ropero en una casa de Tijuana, Baja California, serán indemnizados ahora con dinero del Fondo de Atención a Víctimas de Delito del Gobierno federal, el cual se supone es para personas que fueron víctimas de la delincuencia.

Aseguro que a pesar de las pruebas en contra de sus plagiarios, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a las autoridades mexicanas liberarlos pues determinó que estos sujetos sufrieron “violaciones a sus derechos humanos” por parte de “agentes del Estado mexicano”.

Y por eso, concluyó, merecen recibir 99 mil 513 pesos de indemnización. Así se detalla en la “Comunicación número 500/2012”, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, la cual pide que se les “conceda una plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada a los autores y a sus familiares”.

Tras recibir el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y la determinación de la ONU, fueron liberados a finales del año pasado.

Carlos Jiménez, reportero del Diario La Razón, reveló que apenas salieron, la Procuraduría de Tijuana reaprehendió a dos de ellos El Rambo y El Chuletas ahora fueron detenidos acusados de acribillar a un agente de la Policía del Estado cuando salió a comer.

Al respecto, Jaime Rochin, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en entrevista con José Cárdenas, negó tener conocimiento del caso.

Jaime Rochin reconoció que es necesario reforzar la Ley de Víctimas, para hacerla que cumpla con su principal cometido. Como ejemplo de lo  anterior, mencionó que hasta el momento no se ha autorizado indemnización alguna  a víctimas de secuestro.