Colaboraciòn de Guillermina Gómora Ordóñez
Inmersos en una degradación social que amenaza la estabilidad del país, por la vulnerabilidad que registra el Estado mexicano, nuestras fuerzas políticas, representadas en el Congreso, no logran ponerse de acuerdo en el armado y aprobación de las leyes secundarias que habrán de regular el Sistema Nacional Anticorrupción.
Ciegos a la metástasis de este cáncer que ha puesto en jaque al sistema de seguridad nacional y las finanzas públicas, han convertido las mesas de negociaciones en un mercado de trueque: las nuevas normas (bando PAN- PRD) por la aprobación del mando único o policía estatal única (bando PRI-PVEM)
Ninguno le mide a la gravedad del problema que hoy representa un lastre para la economía mexicana. La corrupción tiene un costo equivalente a 4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), unos 740 mil millones de pesos.
En un entorno de inestabilidad financiera como el que vivimos -que se avizora continuará el resto del año-, México demanda acciones que vayan más allá de las reformas estructurales realizadas, a fin de poder crecer de una forma ordenada y estable.
Jugarle al vivo tiene un alto costo político y social, basta mirar hacia el sur, donde cerca de 4 millones de personas salieron el pasado domingo 12 de marzo en varias ciudades de Brasil a decir ¡Basta!, a la corrupción, y a exigir la renuncia de su presidenta Dilma Rousseff.
Y mientras esto sucedía en las tierras del “gigante latinoamericano”, aquí en México se llevó a cabo, en 27 estados, la Jornada Nacional contra la Corrupción y la impunidad, una fiesta ciudadana organizada por asociaciones civiles que impulsan la iniciativa #Ley3de3, a fin de recabar las 120 mil firmas que se requieren para presentarla al Congreso este 17 de marzo como iniciativa de ley.
De modo que, no hay vuelta atrás, la sociedad se ha organizado y demanda un combate frontal a esta mancuerna.
Intentar “achicar” la reforma como denunció, Luis Miguel Barbosa, coordinador del PRD, en el Senado, es atentar contra la inteligencia de los ciudadanos organizados que están hartos de historias de impunidad y corrupción como la de Humberto Moreira; Guillermo Padrés y Marcelo Ebrard, sólo por citar los casos más recientes.
Barbosa denunció que: “La propuesta del Gobierno Federal”, no la del Verde o la del PRI, es del gobierno federal”, pretende reducir los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción a una instancia de coordinación institucional de las autoridades encargadas, de prevenir, de investigar y de perseguir los delitos de los servidores públicos o de hechos vinculados a asuntos de corrupción. Lo que hoy hace la Secretaría de la Función Pública, que cambiaría de nombre a Secretaría de Control Interno. Es decir, dejar las cosas como están.
No quieren darle dientes al sistema para castigar a los corruptos, Luis Miguel Barbosa advierte que “desnaturalizan la esencia de lo que se identifica como el sistema nacional anticorrupción y llevan todo al control de la secretaría que ellos defendieron, porque es la secretaría que se controla desde la administración pública federal”.
Ojalá y prevalezca el interés público sobre el intercambio político, como sucedió en la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, que le amarrará las manos a los “goberladrones” y sus camarillas, para evitar que contraigan deudas inmorales en perjuicio de sus gobernados.
Un ejemplo de esto es la deuda per cápita de los oaxaqueños que se ha multiplicado 46 veces entre el año 2000 y 2015. Mientras que en Zacatecas ese concepto se multiplicó 166 veces. Una inmoralidad, pues ambas entidades registran grandes rezagos sociales y económicos.
Vericuentos
Complot ambiental
Los elevados índices de ozono obnubilaron a los gobernantes del Estado de México y de la Ciudad de México. En el reparto de responsabilidades y culpas, Eruviel Ávila se fue al extremo y ordenó el cierre de los accesos a los camiones que transportan la basura generada en la ex región más transparente. Al mexiquense se le olvida que en la capital del país habitamos casi 9 millones de personas, pero en la hora pico, con la población flotante, dicho número asciende a 13 millones 200 mil; de esos 4 millones 200 mil más, casi 2 millones provienen del Estado de México, entre trabajadores, visitantes y estudiantes, luego entonces, la basura que se acumula en la capital del país, no solo es de los capitalinos, según datos del INEGI, esos casi dos millones de mexiquenses generan 1 mil 400 toneladas diarias de basura en la Ciudad de México, quizá la estrategia será, a partir de la decisión del Estado de México, poner botes de basura para capitalinos y para mexiquense, y una vez que éstos últimos se llenen, regresarlos a la entidad de Eruviel Ávila. Además el presupuesto de la ciudad subsidia el Metro, el Metrobús, el agua y todos los servicios que utilizan los mexiquenses mientras trabajan, estudian o pasean en la Ciudad de México…. Esta historia continuará.
@guillegomora
