Hace 10 años, el 19 de febrero de 2006, ocurrió una de las peores tragedias en la historia de la minería en México. La explosión de la mina 8 de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde perdieron la vida 65 trabajadores y otros nueve más sufrieron quemaduras graves porque no fueron ni rescatados ni atendidos debidamente por la compañía Grupo México, del empresario Germán Feliciano Larrea Mota Velasco.

Ese domingo, pasadas las 2:30 de la madrugada, una supuesta explosión dejó sepultados a 65 mineros que trabajaban dentro de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, en el norte del país.

 

Vicente Fox, el mandatario de entonces, nunca visitó a los familiares ni les envió condolencias. Tampoco Felipe Calderón quiso reunirse con los más de 300 familiares directos de las víctimas.

Hay diversas versiones sobre las causas del incidente que les quitó la vida los trabajadores. Grupo México argumentó que se había generado una explosión en el interior a causa de una bolsa de gas  y que como consecuencia, la temperatura había subido a más de 900 grados. Sin embargo, de acuerdo con las autopsias de los únicos dos cuerpos que fueron rescatados, su muerte fue provocada por asfixia y no por calcinamiento.

Esos dos cadáveres fueron localizados a la altura del diagonal nueve de la mina. Grupo México aseguró que había avanzado a casi 2.8 kilómetros hacia adentro de la mina, pero no había encontrado más restos.

Todavía con 63 trabajadores en el subsuelo, Grupo México decidió suspender el rescate de los cuerpos en abril del 2007. En ese entonces, la empresa argumentó que de acuerdo con un peritaje realizado por ellos, entre el 25% y 75% de la mina estaría inundada y que «posiblemente el agua estaría contaminada con VIH, tuberculosis, hepatitis, que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares y poblaciones enteras», según información recabada por la Organización Familia Pasta de Conchos, que ha asesorado a los familiares de las víctimas.

Las extracciones en Pasta de Conchos fueron suspendidas en 2007 a petición de la Secretaría del Trabajo, según la Secretaría de Economía dependencia encargada de las concesiones. Actas de inspección de un par de meses antes del siniestro revelaban que el sistema de ventilación fallaba y que había desperfectos en el equipo eléctrico. Algunos familiares cuentan que los trabajadores se quejaban de una alta concentración de gas.

En febrero del 2007, el gobierno del estado de Coahuila emitió 65 actas de defunción certificadas por un médico forense, aún cuando sólo dos cuerpos habían sido rescatados.

La espera que no termina

Cristina Auerbach, representante legal de los familiares de las víctimas en la Organizacion Familia Pasta de Conchos, explicó que desde 1889 se habían registrado siniestros en las minas de esta región dedicada a la extracción del carbón. A pesar de esto, únicamente en 1889 y en 2006 los cuerpos se dejaron adentro. En el resto de los casos, siempre se han sacado los cuerpos con o sin vida.

Auerbach recuerda que uno de los siniestros más grandes ocurrió en 1969 en el poblado Barroterán. En las minas de Guadalupe murieron más de 160 personas. Al año y dos semanas, ya habían rescatado a todos.

«La pregunta no es si en Chile se pudo hacer y en México no, porque es una pregunta ociosa, porque la respuesta que van a dar es que es diferente porque aquélla es de piedra y ésta es de carbón, y ésta tenía gas y aquélla no. Lo único comparable en ambos es la actitud del gobierno», explicó