Las audiencias incidentales para determinar si se otorgan o no las suspensiones definitivas, se fijaron para el próximo lunes 22 de febrero.
Los ciudadanos beneficiados, informó el abogado Carlos Gamboa, son Giselle Gamboa Castillo, María Teresa Castillo Bermúdez, María Victoria Chávez García y Félix Roberto García Villalobos, que se suman a la suspensión definitiva que se otorgó el martes pasado.
En uno de los incidentes de suspensión figuran como actos reclamados haber autorizado, ordenado y ejecutado la destrucción de manglares, así como la omisión de las autoridades responsables de proteger a Cancún y la seguridad de la población.
También, no haber declarado como ilícitos los actos de autoridad del entonces director de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, quien expidió en 2005 la autorización de impacto ambiental para desarrollar Malecón Tajamar.
El entonces funcionario desestimó la aplicación y alcances de la Norma Oficial Mexicana 022 y el Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico del Sistema Lagunar Nichupté vigentes, que impedían la autorización del proyecto, precisamente debido a la superficie de manglares que poseía el sitio y las restricciones del marco legal de ese momento.
La consecuencia fue la adquisición de propiedades en el polígono para construir con base en “actos ilícitos, por la corrupción de dicha persona (Ricardo Juárez)”.
El incidente de suspensión 72/ 2016, por ejemplo, fue firmado por el secretario del juzgado quinto, Alejandro Ulín Galán, a favor de una ciudadana.
Aún hay nueve amparos pendientes de resolver: dos promovidos ante el juzgado séptimo; uno ante el juzgado cuarto, otro ante el segundo y uno más ante el juzgado quinto, cuya audiencia incidental para determinar suspensión definitiva se difirió de ayer al 17 de febrero porque las autoridades demandadas no llegaron; el resto están en otros juzgados.
La suspensión provisional concedida por ese juzgado se mantiene, y se suma a las cuatro del jueves, así como a la suspensión definitiva otorgada por el juzgado segundo de distrito.
Las nuevas suspensiones determinan que las cosas deben quedar como están, lo que implica que no pueden retomarse los trabajos de remoción, ni relleno de vegetación, así como tampoco actividades vinculadas con obras civiles.
Fuente: La Jornada