El 19 de febrero de 2006 se registró una explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, concesionada a Grupo México, que mató a 65 mineros, 63 de los cuales quedaron sepultados en el interior de la mina.
A la fecha ningún responsable está detenido y trabajadores siguen falleciendo en las zonas de explotación de minerales que hay en la entidad.
Actualmente la concesión de Pasta de Conchos está suspendida, lo que impide extraer carbón o abrirla. En septiembre de 2014 Grupo México intentó reanudar trabajos bajo el nombre Unificación Laureles y con el título de concesión minera número 240977, pero la Secretaría de Economía volvió a negar su operatividad.
En este último caso algunas minas no contaban con inversiones y otras no cumplían con las normas de seguridad. Si bien dijo esto último depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STyPS), cuando la SE ve riesgos, también tiene la facultad de suspenderlas.
En el caso de la mina 8 de Pasta de Conchos el gobierno estatal a intentado realizar el rescate de los cuerpos, pero según una investigación solicitada por Grupo México en ese lugar hay agua contaminada con “enfermedades infecciosas” como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos, que podrían ser contagiosos para quienes entren.
Según el peritaje denominado “Evaluación de las operaciones de recuperación en la mina de Pasta de Conchos y resultados de los futuros esfuerzos de recuperación”, elaborado por el experto D.G. Wooton, los mineros atrapados podrían estar infectados por alguna enfermedad potencialmente mortal.
Según el peritaje denominado “Evaluación de las operaciones de recuperación en la mina de Pasta de Conchos y resultados de los futuros esfuerzos de recuperación”, elaborado por el experto D.G. Wooton, los mineros atrapados podrían estar infectados por alguna enfermedad potencialmente mortal.
Esa hipótesis se basa, según el peritaje dado a conocer el miércoles pasado también por Vanguardia, en que “el nivel de agua cubre el área donde las víctimas estaban trabajando, resultando que el agua ha estado en contacto con los cuerpos en descomposición”.
Pese a ello el gobierno estatal reiteró el jueves pasado su intención de extraer los cadáveres.
En septiembre pasado la Procuraduría General de la República (PGR) entregó al gobierno estatal la investigación de la mina Pasta de Conchos en la que le pide investigar otros delitos que ocurrieron tras el accidente con el objetivo de reabrir el caso.
“Lo abrieron y después decidieron que no tenían facultades para hacerlo, fue en septiembre del año pasado cuando decidió PGR que no tenía facultades. El caso no (puede estar) cerrado porque está en proceso de admisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó Cristina Auerbach, representante de la organización.
Según Elvira Martínez, viuda de Jorge Bladimir Muñoz, uno de los 63 mineros que quedaron atrapados, hasta la última reunión que sostuvieron con autoridades de PGR, les confirmaron que reanudarían las investigaciones y se comprometieron a rescatar a los mineros atrapados.
Sin embargo, meses atrás las mismas autoridades federales enviaron un documento a Auerbach en el que señalaban que sus contrapartes estatales tomarían la indagatoria.
A partir de la tragedia en Pasta de Conchos, autoridades federales y estatales reforzaron los operativos para evitar otro caso igual pero las desgracias continúan. Según cifras de la organización Pasta de Conchos, en los últimos 10 años han fallecido 105 trabajadores.
“Estas tragedias son originadas por las explosiones que se originan en las minas por la acumulación de gas. Durante el invierno, el frío hace que el gas se concentre más y el riesgo aumente”, explicó Heriberto Fuentes, delegado de la STyPS en Coahuila.
Fuente: Proceso