La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó de sus cargos a 6 funcionarios federales implicados en la fuga de Joaquín «El Chapo’ Guzmán Loera en julio de 2015.
La dependencia federal probó hechos en los que incurrieron los funcionarios para privilegiar al reo y permitir su fuga, por lo que fueron acreedores a la máxima pena que permite la Ley de Responsabilidades Administrativas que es la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos en el gobierno federal.
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, informó que la dependencia a su cargo concluyó las investigaciones que se abrieron por los hechos ocurridos en julio de 2015 en el Penal del Altiplano, sin embargo, las personas sancionadas pueden, aún, recurrir al poder judicial federal para apelar.
Celina Oceguera, coordinadora general de los Centros Federales de Readaptación Social, fue inhabilitada por 10 años por la violación de distintas reglamentaciones, además de no haber coordinado y presentado un presupuesto en 2015, para el mantenimiento del sistema de seguridad del penal. Tampoco llevó a cabo acciones para optimizar la seguridad en el penal del Altiplano.
Esta funcionaria llevó a cabo una sesión extraordinaria el 31 de diciembre de 2014, en donde se autorizó a Guzmán Loera tener un televisor, hecho que no debió permitirse.
Leonor García García, Directora Técnica del área jurídica fue destituida e inhabilitada 10 años por no declarar estado de alerta máxima cuando ocurrieron los hechos.
Valentín Cárdenas Lerma, Director General del penal, fue inhabilitado 10 años porque omitió establecer coordinación con las fuerzas federales al momento de conocerse de la fuga; no activó el código rojo, además de que abusó de su cargo en la sesión extraordinaria del 31 de diciembre de 2014 en donde se permitió el televisor a Guzmán Loera.
Además, no justificó su ausencia del penal desde el jueves anterior a los hechos de julio.
También fue destituido de su cargo e inhabilitado por 10 años: Roberto Cruz Bernal, supervisor del penal. Se le acusa de no actuar con diligencia y prontitud; Esteban Estrada Ramírez, Oficial en Prevención quien no atendió las llamadas correspondientes y no activó el código rojo.
Juan Ignacio Cuarenta, supervisor del penal, también fue destituido e inhabilitado 10 años por no atender las llamadas del centro de monitoreo.
Virgilio Andrade subrayó que no existen más investigaciones por el momento pero cualquier caso será atendido.
Los funcionarios fueron informados de su sanción entre el viernes pasado y ayer lunes.
Fuente: El Universal