En entrevista tras la masacre, el gobernador Jaime Rodríguez admitió que conocía las condiciones de este centro penitenciario que sufre por hacinamiento y sobrecupo, pero dijo que por lo endeudado que le dejaron el Estado no tuvo recursos para atenderlo de forma rápida.
“Lo advertí desde campaña, (pero) no tenía recursos para desactivar la bomba y no los tengo en este momento”.
El Mandatario detalló que para contratar más custodios y policías que atiendan los centros penitenciarios de la entidad requiere de recursos que actualmente no tiene el Estado.
“Para crecer el número de custodios se requiere dinero y no lo tenemos. Para contratar más policías se requiere dinero y no lo tenemos. Ha sido difícil la situación”.
En noviembre de 2015, un juez federal concedió a Juan Pedro Saldivar Farías la posibilidad de cumplir su condena en el penal de Topo Chico, en lugar de purgarla en una de Matamoros, Tamaulipas.
El líder delincuencial, considerado un reo peligroso, llegó durante ese mismo mes al Topo Chico, una cárcel diseñada para presos de baja peligrosidad.
Cuando se enteró de que el Gobierno del Estado buscaba sacar de ese penal a los procesados por delitos federales, Jesús Iván Hernández Cantú, el otro precursor de la batalla campal, también pidió un amparo a un juez federal para evitar su traslado a otra prisión. El juez se lo concedió.
La presencia en el Penal de los dos rivales gracias a los jueces federales, la sobrepoblación de reos y la corrupción al interior de las instituciones penitenciarias fueron los ingredientes que detonaron la riña que dejó 49 muertos.
“La mezcla de estos dos delincuentes es lo que hizo esta explosión en el penal de Topo Chico”, expuso Rodríguez Calderón.
Cuando se cumplían 32 horas de lo que es el segundo hecho violento más grave que haya vivido Nuevo León, detrás de las 52 víctimas en el Casino Royale, en 2011, Rodríguez afirmó que parte de la culpa la tienen los jueces que privilegiaron los derechos de esos internos.
“Fue un juez, un juez, el que decidió trasladar a Saldívar Farías al Topo Chico, argumentando que no necesitaba estar en un penal de seguridad y en cambio estar en una prisión cerca de su domicilio, para que su familia no tenga que trasladarse.
“Hernández, que llevaba dos años en el penal, cuando se da cuenta, por este sistema corrupto que tenemos, que iba a ser trasladado, un juez federal también le da un amparo para no ser trasladado”, detalló el Gobernador.
Comentó que las cámaras de vigilancia aportan datos sobre la forma en cómo ocurrieron los hechos.
“Yo vi algunas imágenes (de la red de cámaras del penal) que me mostró el procurador y la verdad es que es algo que no alcanzo a entender como humano, hay una violencia extrema, ¿cómo puede una persona matar así a otra?”.
Al menos tres funcionarios fueron detenidos para investigación por la muerte de los 49 reos.
Entre ellos se encuentra la directora del penal, Gregoria Salazar Robles, quien fue suspendida y está detenida junto con el subdirector del centro penitenciario, Juan Antonio Caballero y un celador, quien aparentemente habría disparado contra uno de los reos.
Aunque no se han dado detalles, trascendió que fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, y se encuentran internados en el Penal. Será hoy cuando la Procuraduría de Nuevo León brinde detalles al respecto, se informó.
Fuente: Zócalo