La Fiscalía Anticorrupción española pidió reabrir el caso contra Humberto Moreira, al recurrir el auto judicial del juez Santiago Pedraz, que el pasado día 9 daba por sobreseído provisionalmente el mismo.
La Audiencia Nacional confirmó que su Sala Penal dio entrada al recurso de los fiscales, en la fecha límite para su presentación y, posiblemente, sea resuelto por dicha sala dentro de dos o tres semanas.
En aquella resolución, Pedraz sobreseyó provisionalmente la causa contra el político priista porque no resultaba “debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a estas diligencias judiciales”.
Argumentaba que “la justicia española no es competente para investigar posibles delitos cometidos en México y Estados Unidos” y que “no hay base alguna para apreciar la integración de Moreira en una organización criminal”.
La decisión del juez generó sorpresa en círculos judiciales implicados en el caso por el cambio de criterio del magistrado, según confirmó a Apro una fuente.
También consideran que aún es necesario acreditar la existencia y operación real de las empresas de las que es socio Moreira, Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría y Publicidad, desde donde le hicieron las transferencias bancarias por un monto cercano a los 200 mil euros durante su estancia en Barcelona.
Las fuentes judiciales aseguran que el juez dio por buenas las pruebas presentadas por Moreira, cuando aún era indispensable confirmar la existencia y operación real de las empresas.
Tras la puesta en libertad de Moreira de la prisión de Soto del Real, donde permaneció del 15 al 22 de enero, la Fiscalía solicitó al juez una Comisión Rogatoria internacional a México para confirmar el caso de las empresas y aludía a la publicación en medios mexicanos (el periódico Reforma y Grupo Radio Fórmula) que en un trabajo de campo informaban la no localización de dichas empresas en los domicilios presentados oficialmente.
La fuente consultada explicó que era importante realizar esa confirmación, aunque el juez no lo viera necesario, aduciendo que los documentos presentados por la defensa de Moreira eran notariados.
Consideran que dichas pruebas no representan un elemento firme si se toma en consideración que un notario podría haber dado fe de lo que el cliente le pidiera que registre.
Entre las fuentes judiciales conocedoras de la causa se considera que el entramado empresarial utilizado por Moreira para la transferencia de recursos se inscribe en la comisión del delito de blanqueo de capitales, independientemente del monto de dichos recursos monetarios.
Al margen del estado legal del caso Moreira, la causa sigue abierta en la Fiscalía Anticorrupción, debido a que aparte del exgobernador de Coahuila están implicadas más personas.
Aunque en su auto del día 9 de febrero el juez Pedraz advierte que la jurisdicción española no permite la investigación de delitos en otros países, en este caso México y Estados Unidos, la fuente consultada precisó que lo que se investiga son delitos cometidos en España, por lo que el caso se puede reactivar en cualquier momento.
La sorpresa entre las fuentes judiciales por el fallo del juez se debe a que el magistrado tiene dos años al mando de todas y cada una de las diligencias que se integraron en esta causa y consideran que hubo un cambio de criterio en la última semana antes de emitir su fallo del 9 de febrero.
También confirmó lo que ya algunos medios españolas citaban, que en el transcurso de esta investigación, tanto los fiscales José Grinda y José Rosas viajaron a Estados Unidos, junto con el juez Pedraz, para tener acceso a informes y declaraciones de testigos que confirman la implicación de Moreira en estos delitos
En dicho pronunciamiento, Pedraz rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de librar una Comisión Rogatoria internacional a México para verificar la documentación que aportó en la Audiencia Nacional la defensa de Humberto Moreira, en relación con sus empresas y la actividad de las operaciones económicas cuestionadas.
Lo hace bajo el argumento que casi todos los documentos aportados son “testimoniados por Notario Público” y por tanto no se precisa su verificación.
El criterio del juez Pedraz en relación a esta petición de la fiscalía para verificar las operaciones económicas que dieron lugar a la creación de las empresas investigadas (Unipolares y Espectaculares del Norte y la otra Negocios, Asesoría y Publicidad) y que la fiscalía presupone ilícitas, resalta que esas actividades supuestamente ilícitas se realizaron en México y Estados Unidos, “pero ninguna en España”.
Por ello, concluye, “lo que se pretende con la Comisión Rogatoria es investigar un presunto delito de blanqueo cometido en México por extranjeros, acaecido antes de 2007 y 2005 (fecha de la creación de las sociedades de Moreira) lo cual no es factible, pues la jurisdicción española no sería competente”.
Asimismo, en la resolución concluye que las transferencias de dinero a las cuentas de Moreira en España no se trata de cantidades desproporcionadas, teniendo en cuenta que el político priista vino con su esposa y dos hijas para realizar un master y el dinero era para el alquiler de la vivienda y la manutención familiar, “con lo que se descarta el blanqueo”.
La extrañeza en la fuente consultada se debe también a la prisa con la que el magistrado emitió su fallo, sólo 24 días después que se produjera la detención de Moreira al arribar a Madrid procedente de México, y a una semana que –tras recobrar su pasaporte— abandonara España.
En este período, Moreira pasó siete días en la prisión de Soto del Real, a casi 40 kilómetros de Madrid.
Después que Moreira abandonara España, el diario El País publicó que la fiscalía había solicitado nuevas diligencias contra Moreira, sin embargo, el auto del magistrado Pedraz las echó por tierra.
La nota firmada por José María Irujo señalaba que fuentes judiciales le hicieron saber que Moreira había abandonado parte de sus pertenencias, que quedaron en posesión de la policía, como un teléfono y un Ipad, ya que se había ido “como si llevara prisa”.
Fuente: Proceso