El litigante —quien ha ejercido 25 años como penalista— informó que hasta el momento representa a tres familias quienes entablarán una demanda contra el gobierno del estado porque éste tenía a su cargo la responsabilidad de preservar la vida y seguridad de los reos en la penitenciaría.
Comentó que autoridades estatales sólo cubrieron los gastos funerarios de las 49 víctimas mortales en el penal cuando también tendrían que indemnizar a las familias con la reparación de daño, que equivale a unos 750 mil pesos, cifra que se eleva al millón de pesos incluyendo la reparación del daño moral o sicológico.
Afirmó que los recursos para cubrir la indemnización podrían salir del Fondo para la Atención, Auxilio y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito, que se creó como resultado de la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso local en octubre de 2013.
En 2015, dicho fondo contó con una partida de 25 millones de pesos, aprobada también por los legisladores, para víctimas de la violencia.
El pasado 11 de febrero, 49 presos fallecieron en el reclusorio de Topo Chico, —según la versión oficial— durante una riña entre dos grupos rivales de Los Zetas, cuyos líderes, Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, El Z-27, quienes se disputaban el control del penal.
Aunque allegados a los internos aseguran que se trató de un ataque directo orquestado por un grupo de reos que seleccionó a sus víctimas y las concentró en las crujías C-2 y C-3, donde los masacraron con todo tipo de objetos contundentes y punzocortantes que fueron ingresados al penal de manera irregular.
Tras la gresca fueron trasladados 233 internos del Cereso de Topo Chico a otros centros federales.
Fuente: El Universal