Al presentar los avances y desafíos que enfrentan sus últimos dos meses de investigación, los integrantes del GIEI también denunciaron que al menos 22 policías municipales detenidos y consignados por este caso, podrían ser liberados en los próximos días, debido a que un juez federal les concedió un amparo por la falta de motivación de la PGR para consignar el expediente.
En conferencia de prensa, los expertos del GIEI expusieron que la quinta versión pretende posicionar el tema de que sólo 17 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, tema que comenzó a cobrar fuerza a partir de que el propio GIEI rechazó que en ese mismo lugar se haya encendido una gran hoguera para calcinar los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos.
La PGR aseguró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha tenido acceso en todo momento a las constancias que integran la averiguación previa que se encuentra radicada en la Oficina de Investigación del Caso Iguala creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
“La indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con los familiares, sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en su conjunto”, afirmó la dependencia mediante un comunicado.
“La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo”, dijo la PGR.
Advirtió que las filtraciones de declaraciones, criticadas por el GIEI, serán investigadas por el Ministerio Público Federal, pues son diversos actores procesales quienes tienen acceso a la indagatoria.
Sobre los 22 policías consignados el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades guerrerenses, la PGR aclaró que el acto reclamado en el Juicio de Amparo que promovieron es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común, y que está dando seguimiento al juicio debido a que hay pendiente un recurso de revisión interpuesto por la misma dependencia.
Los policías también están acusados de delincuencia organizada y secuestro, por lo que deben ser los jueces federales los que decreten si pueden o no obtener su libertad, aclaró la dependencia.
Con relación a las tomas de muestra del ADN de Julio César Mondragón, normalista que fue asesinado en los hechos del 26 de septiembre de 2014, la PGR afirmó que, si bien la familia de Mondragón solicitó el estudio, debió pasar por la autorización y trámites entre órganos jurisdiccionales estatales en los que la dependencia actuó como conducto para acortar tiempos.
Indicó que las primeras 177 solicitudes que ha formulado el GIEI ya fueron debidamente atendidas, mientras que las 31 que formuló previo a la prórroga de su mandato y las 469 que realizó durante la segunda etapa del mismo están en proceso de atención.
Fuente: Diario Mx