El ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés permanecerá en la prisión de alta seguridad de Soto del Real al menos hasta el viernes próximo, cuando está citado a declarar en el juzgado de la Audiencia Nacional presidido por Santiago Pedraz, quien dirige una investigación en su contra por al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal.
Moreira Valdés, de 50 años y con numerosos episodios turbios en su pasado político, fue detenido en el aeropuerto de Barajas en Madrid el pasado viernes, cuando llegó en un vuelo procedente de la ciudad de México.
El también ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comparte prisión desde el pasado viernes con los criminales más peligrosos recluidos en las cárceles españolas, para los que está destinada la cárcel de alta seguridad de Soto del Real. Ahí, por recomendación de los propios equipos de seguridad del Estado español, se recluye a condenados o imputados por delitos de terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos o asesinatos dolosos.
Ahí se encuentran, por ejemplo, los detenidos y condenados por acciones terroristas de los grupos islamistas, entre ellos algunos de los principales autores de la masacre del 11 de marzo de 2011 en Madrid, o los líderes políticos españoles con más acusaciones de corrupción en su contra.
El político mexicano está recluido sin derecho a fianza porque, según el juez que ordenó su detención el pasado viernes, José de la Mata (en sustitución del magistrado que instruye la causa), hay riesgo de fuga y de que se destruyan pruebas que a la postre pueden ser determinantes en la investigación.
Para afrontar sus problemas legales en España, Moreira Valdés contrató a diversos abogados, algunos de ellos de reconocido prestigio y con un largo historial de casos importantes en su haber.
Entre los defensores está Manuel Ollé Sesé, experto en extradiciones, quien fue parte crucial en la entrega de México de Ricardo Miguel Cavallo, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983).
Ollé Sesé representó entonces a las víctimas de la represión y defendió la doctrina de la justicia universal para juzgarlas en España. Ahora es una de las piezas clave para la defensa del político mexicano acusado de corrupción.
Además, participan otros juristas, como el mexicano Víctor Olea y Ulrich Richter Morales.
Fuente: La Jornada