El legislador priista puntualizó a Notimex que a partir de que el Ejecutivo federal promulgue el decreto correspondiente, la Ciudad de México será una entidad federal autónoma, capital de la República y sede de los Poderes de la Unión.
La única diferencia con los estados, es que al seguir siendo la capital de la República y sede de los Poderes de la Unión, deberá garantizar la preeminencia de los poderes federales sobre los locales, para evitar conflictos entre esos órdenes de gobierno.
Además, el gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.
El diputado local insistió en que al darle la naturaleza de entidad federal autónoma, la capital del país contará con las mismas prerrogativas y prohibiciones que tienen reconocidos los estados de la República en la Constitución Política del país.
Alfaro Cázares subrayó que se buscó mantener la soberanía en los poderes federales y, al mismo tiempo, dar a la entidad federal plena autonomía en su ejercicio de gobierno.
En un documento elaborado por la comisión que preside Alfaro Cázares, se destaca que la Ciudad de México goza de autonomía constitucional en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
Además como entidad federal autónoma no sólo podrá acceder a las partidas presupuestales de la Federación, sino que se mantiene el fondo de capitalidad como un compromiso permanente.
Se resalta que la capital podrá participar en el Constituyente Permanente, terminándose con un largo tiempo de exclusión, porque ahora tendrá la facultad de intervenir en el proceso legislativo para reformar la Constitución federal.
De igual manera, la Reforma Política del Distrito Federal quitó la facultad del Senado de la República para remover al jefe de Gobierno, nominación que se mantiene, aunque el propio Alfaro Cázares y el diputado perredista Leonel Luna Estrada coinciden en que deberá de revisarse para su adecuación.
También se reconoce la facultad al jefe de Gobierno de nombrar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública local y de la Procuraduría General de Justicia, aunque se mantiene la facultad del Ejecutivo federal de removerlos por causas graves consideradas en la Constitución de la República.
Con la reforma política la Ciudad de México tendrá su propia Constitución Política y poderes autónomos, prácticamente igual que los demás estados. También conformará su Congreso local, donde los diputados podrán reelegirse hasta cuatro veces consecutivas.
De igual forma se establece que las delegaciones políticas se convertirán en alcaldías, las que formarán gobiernos colegiados, pues tendrán que compartir decisiones con un Consejo integrado por entre diez y 15 concejales.
Encabezado por el alcalde, el Consejo aprobará los nombramientos de los funcionarios, definir las prioridades de la obra pública, así como elaborar y proponer el proyecto presupuestal de la alcaldía.
En ese sentido el diputado Alfaro Cázares dijo que se trata de un órgano colegiado que además estará encargado de vigilar la realización tanto de estrategias, como del cumplimiento de los compromisos de gobierno.
Con la Reforma Política del Distrito Federal las alcaldías también serán beneficiadas con las partidas presupuestales que reparte la Federación a los municipios.
Una vez que el presidente Enrique Peña Nieto decrete la reforma, que se prevé sea este viernes en Palacio Nacional, iniciará el proceso de la conformación de la Asamblea Constituyente y la elaboración del proyecto de Constitución.
En el primer caso el Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de emitir la convocatoria en un máximo de 15 días tras la publicación del decreto, a fin de que la elección de 60 diputados constituyentes sea llevada a cabo el primer domingo de junio de 2016 y entren en funciones el 15 de septiembre de ese mismo año.
Ambos procesos tendrán como resultado que, tras el análisis de las diputadas y diputados constituyentes, a más tardar el 31 de enero de 2017 sea aprobada la Carta Magna local y, a su vez, publicada en febrero de ese año.
Diputados perredistas y priistas ha sido enfáticos en que todos los derechos alcanzados en el Distrito Federal, como la pensión universal para adultos mayores, la unión legal de personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo, serán garantizados en la próxima Constitución de la Ciudad de México.
El dirigente perredista en el Distrito Federal, Raúl Flores, comentó que la Carta Magna de la capital del país debe convertirse en un mecanismo que ayude a combatir la desigualdad entre sus habitantes y ofrezca más posibilidades económicas para todos.
Rechazó cualquier regresión en los derechos alcanzados por la ciudadanía, toda vez que «lo que se universaliza no puede tener retroceso, pero más allá de eso tenemos que introducir derechos de tercera y cuarta generaciones.
Explicó que se trata de prerrogativas que deben ir más allá de las personas, como el cuidado al medio ambiente, el acceso al agua de calidad y otros como el derecho a la identidad digital, el derecho a la información y el acceso a las nuevas tecnologías.
En su oportunidad la dirigente del PRI en la capital del país, Mariana Moguel Robles, refrendó que todo lo que se ha logrado en la ciudad, todos los derechos que se han ganado son irrenunciables, y no podemos permitir que se vayan hacia atrás.
Al descartarse como posible aspirante a participar en el Constituyente que trabajará en la nueva constitución, reiteró que ninguno de los derechos de avanzada que hoy tiene la Ciudad de México están en riesgo y que son irrenunciables e innegables.
Pero la Reforma Política del Distrito Federal también ha generado un debate en la población sobre el gentilicio que recibirán sus habitantes.
A decir del sociólogo Felipe Aguilar, los gentilicios no se instauran por decreto, los vive la gente y es ella la que decide.
Fuente: Noticieros Televisa