Por Francisco Martín Moreno
¿Por qué amparar a quienes envenenan a niños, destruyen la vida de jóvenes y pudren a las sociedades?
A ningún narcotraficante lo atrapan vestido de etiqueta en un hotel de lujo en Nueva York ni lo sorprende la policía ataviado con un smoking de seda cruda atrás de una mesa de Baccarat, ni lo arrestan a bordo de un Ferrari en la Costa Azul ni lo detienen mientras vacaciona en el Mediterráneo disfrutando un yate espectacular de cientos de pies acompañado de mujeres hermosas, ni lo apresan gozando excéntricas residencias en Malibú Beach ni descendiendo de aviones supersónicos en las grandes capitales del mundo… No, qué va: los aprehenden en las selvas, perdidos en las montañas, sobreviviendo en cavernas huyendo de sus captores, durmiendo en casas humildes o en pueblos apartados de la civilización, cubiertos con andrajos, llenos de materia fecal después de tratar de huir a lo largo de las cañerías saturadas de aguas negras.
Se saben al alcance de francotiradores, cuyos rifles tienen poderosas miras telescópicas; no ignoran que su cabeza es valuada en millones de dólares y que sus guardaespaldas o sus amantes o sus “amigos” bien podrían denunciarlos para cobrar enormes recompensas. En la mayoría de los casos, no todos, padecen temores e insomnios por el hecho de ser traicionados y entregados a la Marina o al Ejército a sabiendas de que algún tercero lo reemplazará y gozará su fortuna.
¿Para qué entonces el dinero, tanto dinero que escasamente pueden disfrutar? ¿Por qué emplear su existencia en la destrucción de personas de todas edades, sexos y nacionalidades, sobre todo cuando llegan al extremo de enterrar el dinero ante la imposibilidad de seguirlo lavando? ¿De qué se trata? ¿Disculpar a estos criminales envenenadores de juventudes y sociedades? ¿Ganar popularidad como lo hicieron actores de Hollywood, una más miserable que el otro al exhibirse al lado de un chacal? ¿Mantenerlos en cárceles mexicanas, en el entendido de que cada preso en una prisión de alta seguridad cuesta más que la graduación de un estudiante en Harvard, sin olvidar la posibilidad de que se fuguen para hundir, una vez más, en el desprestigio al gobierno?
Si el presidente Hollande propuso cambios radicales en la Constitución francesa para adecuarla a los tiempos violentos que se viven en Europa a raíz de los ataques yihadistas; si el gobierno español creó las sentencias anónimas para impedir que los asesinos de ETA ultimaran a balazos a los jueces que los condenaban a cadena perpetua, ¿entonces por qué razón los mexicanos no reformamos nuestra Carta Magna de modo que los narcotraficantes no pudieran defenderse de una deportación interponiendo amparos? ¿Por qué estos desalmados asesinos, los narcotraficantes, van a gozar gozar de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección? ¿Por qué no se modifica nuestra Carta Magna de modo que jueces especiales puedan dictar sentencias inatacables dentro de juicios sumarísimos para que, una vez declarados narcotraficantes por la autoridad judicial, puedan ser deportados a Estados Unidos?
¿Por qué amparar a quienes envenenan a niños, destruyen la vida de jóvenes y pudren a las sociedades? Si para deportarlos se deben modificar artículos como el 1, el 16 o el 107, entre otros tantos más, pues el H. Congreso de la Unión que, supuestamente, vela por la Patria, que empiece de una vez por todas a velar por ella y que, efectivamente, la Patria sea primero.