La Ley General de Desapariciones Forzadas, que será discutida en el Senado de la República, debe dar prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, además de agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 años, propuso Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el foro: “Desapariciones en México. Una mirada desde los derechos humanos de la infancia”, Eslava Pérez destacó que la desaparición de personas es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, que obliga a articular esfuerzos entre las víctimas, las organizaciones civiles, los organismos públicos de derechos humanos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.
“Este desafío se vuelve impostergable cuando se trata de la desaparición de niñas, niños y adolescentes, cuando se habla de establecer las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como la integración de políticas públicas y programas que atiendan de manera integral a nuestra niñez y adolescencia, privilegiando su interés superior”, agregó.
El representante de la CNDH propuso que en dicha ley haya un apartado dedicado a las víctimas directas e indirectas menores de edad, y se disponga la creación de áreas y protocolos especializados no sólo en la investigación de los casos, búsqueda y procesamiento de información, sino en la sistematización de los datos obtenidos, que permita realizar un mapeo de los factores de riesgo que inciden, en cada región del país, en la comisión del delito de desapariciones contra niñas, niños y adolescentes y sus consecuencias.
Precisó que esa Ley General tendrá que transversalizarse con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en lo referente a las atribuciones del Sistema Nacional de Protección, las Secretarías Ejecutivas, las Procuradurías de Protección, los Sistemas DIF y las normas que rigen los centros de asistencia social, las medidas de protección especial, los sistemas de información, y la situación que guardan los derechos de este sector.
Y dijo que las acciones que se implementen deben tener como objetivo primordial visibilizar la problemática en la materia y generar un marco normativo general que sirva de modelo nacional para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada de personas y de la desaparición de personas cometida por particulares.
El primer visitador planteó la creación de un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, responsable del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas; la profesionalización y capacitación de los servidores públicos encargados de la investigación, búsqueda y procesamiento de información, así como de un banco de información genética que favorezca la identificación de las personas desparecidas.
Fuente: Aristegui