El ministro de Asuntos Exteriores iraní, una potencia chiita cuyas relaciones con Arabia Saudí son tensas, prometió que Riad pagará «un alto precio» por su muerte.

El portavoz del Ministerio del Interior saudí, Mansur Al Turki, calificó de «irresponsables» estas declaraciones y dijo que su país «no se preocupa por lo que piensan los demás».

Asimismo, Riad acusó a Irán de ser un país «sin vergüenza», de apoyar al «terrorismo» y menoscabar la estabilidad regional.

«El régimen iraní es el último en poder acusar a otros de apoyar al terrorismo, en tanto él mismo lo hace», declaró un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores a la agencia oficial SPA. Riad había anunciado una convocatoria al embajador iraní por las declaraciones «agresivas» de Teherán.

En tanto, se produjo un ataque de manifestantes contra la embajada saudí en Teherán. Manifestantes encolerizados por la ejecución del dignatario chiita lanzaron cócteles Molotov contra la sede de la embajada y alcanzaron a penetrar en el recinto diplomático para luego ser expulsados por la policía.

Mohammed al Nimr, hermano del líder chiita, una figura de la oposición al régimen saudí, advirtió que esta ejecución «provocará la ira de los jóvenes» de esta comunidad minoritaria en Arabia Saudita, un país dirigido por la dinastía sunita de los Al Saud.

«Habrá reacciones negativas en el interior del reino y en el extranjero, pero esperamos que sean pacíficas», declaró por teléfono.

Los condenados -45 saudíes, un egipcio y un chadiano- fueron ejecutados en doce ciudades, precisó el ministerio del Interior en una declaración oficial. Los ejecutados suelen ser decapitados con un sable.

Según las autoridades, fueron condenados por diferentes delitos, en especial por haber abrazado a la ideología radical «takfiri» (término generalmente utilizado para designar a los grupos radicales sunitas), por haberse unido a «organizaciones terroristas» y por haber realizado «complots criminales».

Nimr al Baqer Nimr, de 56 años, crítico feroz de la dinastía Al Saud, fue el líder de un movimiento de protesta que estalló en 2011 en el este del país, donde vive la mayor parte de la minoría chiita, una comunidad que se siente marginada.

El jefe religioso fue condenado a muerte en octubre de 2014 por «sedición», «desobediencia al soberano» y «tenencia de armas» por un tribunal de Riad especializado en casos de terrorismo.

Reacciones diversas

La Unión Europea (UE) expresó este sábado sus «serias inquietudes» por su ejecución.

«El caso específico del jeque Nimr al Nimr levanta serias inquietudes sobre la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos de base, que deben ser respetados en todos los casos, inclusive en la lucha contra el terrorismo», declaró la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini.

Para el departamento de Estado norteamericano, esta ejecución amenaza con «exacerbar las tensiones sectarias en momentos en que urge calmarlas».

«Estados Unidos exhorta al gobierno de Arabia Saudita a permitir que la oposición se exprese pacíficamente», agregó el portavoz de la diplomacia estadounidense, John Kirby, en un comunicado, señalando la «particular preocupación» del gobierno en Washington por esta situación.

En Bagdad, el primer ministro iraquí Haider al Abadi manifestó que esta ejecución significó «un gran ‘shock'», y señaló que puede tener un efecto desestabilizador.

«La libertad de expresión y la oposición pacífica son derechos humanos de base garantizados por las leyes divinas e internacionales. Violarlas tiene consecuencias sobre la seguridad, la estabilidad y el tejido social de toda la región», dijo en un comunicado.

Philip Luther, director de Amnistía Internacional para Oriente Medio, señaló en una entrevista a la AFP: «las autoridades saudíes dicen haber realizado estas ejecuciones para preservar la seguridad. Pero la del jeque Nimr Baqer al-Nimr sugiere que las utilizan para zanjar cuentas políticas (…) bajo la cubierta de lucha contra el terrorismo».

Según la ONG de defensa de los derechos humanos, Arabia Saudita es uno de los países que más aplican la pena de muerte en el mundo, junto a China, Irán y Estados Unidos.

Tras esta ejecución, un dirigente del partido chiita Dawa, en el poder en Irak, llamó a tomar medidas de represalia, como el cierre de la embajada saudita en Bagdad (recientemente reabierta) o la ejecución de «terroristas» saudíes detenidos en el país.

Por su parte, el movimiento chiita libanés Hezbolá denunció «un crimen odioso perpetrado sobre la base de falsas acusaciones».

En cambio, las monarquías sunitas de la región, entre ellas Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, saludaron la actitud de Arabia Saudita. No obstante, en el primero de estos países varios jóvenes de la mayoría chiita se concentraron en los suburbios de Manama para protestar contra estas ejecuciones.

Entre las personas decapitadas el sábado se encuentran también yihadistas sunitas condenados por su implicación en atentados en 2003 y 2004, reivindicados por Al Qaida.

Estas ejecuciones fueron las primeras en el 2016. Arabia Saudita es un país muy rígido al aplicar una versión rigorista de la sharia (ley islámica) para todo tipo de delitos.

Fuente: Milenio