Por: Francisco Martín Moreno
Si tuviéramos un Estado de Derecho atacaríamos con mayor eficiencia y puntualidad el escandaloso proceso de putrefacción moral que devora nuestras energías vitales como un pavoroso cáncer extendido por todo el cuerpo de la nación. Si tuviéramos un Estado de Derecho cambiaría radicalmente la desastrosa imagen de México en el exterior que nos hemos ganado a pulso como un país de bandidos que no respeta las reglas que nosotros mismos emitimos. Es decir, construiríamos día con día un México nuevo con instituciones respetables que impondrían coactivamente los principios de legalidad con todas sus ventajas y consecuencias: todos seríamos finalmente iguales ante la ley sin irritantes excepciones logradas a través de los sobornos y de los cochupos, las células cancerígenas que atacan y acaban cualquier organismo social.
Si tuviéramos un Estado de Derecho, en donde se castigara con cárcel a cualquier funcionario de cualquier nivel político, ya fuera Presidente de la República o un humilde empleado de la administración de correos, como ocurrió recientemente en Guatemala y puede acontecer en Panamá o en Brasil, tal y como ya sucedió en Perú y en Costa Rica, quedaría evidenciada la presencia de un orden jurídico en cuyo seno se aplicará la justicia dentro de un gratificante proceso reconciliación nacional. Si tuviéramos un Estado de Derecho en el que los contribuyentes pagarán íntegra y oportunamente sus impuestos y los funcionarios públicos se abstuvieron de lucrar con sus cargos y de cometer los más ignominiosos peculados, si los puestos públicos no fueron entendidos como negocios privados, sin duda alguna se podrían satisfacer las crecientes necesidades de la nación al crearse un círculo virtuoso en el que todos pagarían y nadie robaría.
Si tuviéramos un Estado de Derecho captaríamos la confianza de la comunidad financiera del mundo, misma que invertiría con la debida certeza en nuestro país a sabiendas de que sus recursos se encuentran protegidos por una legislación que se aplica objetivamente sin permitir la enajenación de las facultades de la autoridad. Los problemas legales en México ya no se resolverían ni a billetazos ni a periodicazos, sino de acuerdo a lo dispuesto por las normas.
Si tuviéramos un Estado de Derecho empezarían a desaparecer gradualmente los trabajadores informales que en buena parte subsisten gracias a las dádivas y a las mordidas con que se compra la voluntad de quienes son responsables de la aplicación de la ley. Al empezar a encarcelar a los funcionarios corruptos y a quienes subsisten perversamente en los espacios de la informalidad, empezaríamos juntos a financiar el crecimiento de México sin que millones de parásitos lo disfruten sin haber contribuido con sus impuestos al gran objetivo del desarrollo y de los servicios públicos que exige la más elemental dignidad humana.
Sólo que para disfrutar las ventajas de un auténtico Estado de Derecho requerimos la suscripción de un gran pacto nacional en el que se establezca una renuncia expresa a la corrupción del sector público y del privado que se retroalimentan uno con el otro, en la inteligencia de que esta propuesta sólo será efectiva si sociedad y gobierno están dispuestos a perder las infinitas ventajas de vivir en la putrefacción, el mundo de la impunidad, que impide la construcción del México sano y próspero con el que todos soñamos…
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