Defensores de los inmigrantes indocumentados levantaron en Los Ángeles, California, su voz de protesta contra el supuesto plan del Gobierno de deportar a cientos de familias centroamericanas, tal como lo informó un medio nacional.
«Pedimos al presidente Obama que respete el debido proceso que tienen los inmigrantes centroamericanos. Ellos están huyendo de la violencia y no podemos enviarlos de regreso hacia la muerte», dijo Angela Sanbrano, presidenta del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).
Sanbrano fue una de las representantes de más de una decena de organizaciones locales que convocaron hoy a una campaña nacional, que contempla llamadas telefónicas a la Casa Blanca, para impedir que se desarrolle el plan de deportaciones, el cual fue dado a conocer días atrás por el periódico The Washington Post.
Según las informaciones, entre los primeros afectados figuran inmigrantes que recibieron una orden final de deportación desde el 1 de enero de 2014, incluidos niños y adultos centroamericanos que no se presentaron a sus audiencias en corte.
«El Salvador y Honduras no están en guerra, pero siguen siendo uno de los países más violentos del mundo y eso no lo pueden olvidar», advirtió Mario Oporto, vocero de CCESLA, agrupación que reúne más de una decena de organizaciones salvadoreñas.
A la convocatoria se han unido iglesias de varias denominaciones religiosas, que anunciaron que el Movimiento Santuario está listo para dar refugio en templos de 31 estados a familias y niños inmigrantes.
Para Fernando Romo, abogado experto en inmigración, el mayor desafío para orientar legalmente a los inmigrantes es tener las pruebas que certifiquen su necesidad de refugio o asilo político, porque «los jueces son estrictos en esta clase de pruebas».
Romo asegura que si se perdió el caso, se puede apelar y en medio de este proceso las autoridades no podrían deportar a los inmigrantes, incluso las personas que ya tienen una orden de deportación pueden solicitar al DHS detener el proceso de expulsión.
«Necesitamos que la gente se informe, que busque ayuda en las organizaciones comunitarias y a los que no son afectados que nos ayuden en esta causa», indicó Jorge Mario Cabrera, directivo de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
Las organizaciones tienen previsto empezar llamadas a la Casa Blanca para pedir que se desista de este plan de deportaciones.
La portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), Gillian Christense, defendió ayer que las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014 convertían en prioridad para la deportación a «los individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza».
«Esto incluye a individuos, que ya sea solos o con miembros de su familia, han sido detenidos al intentar entrar ilegalmente en Estados Unidos, cruzaron la frontera de forma reciente y han recibido una orden final de deportación el 1 de enero 2014 o después de esa fecha», añadió la vocera.
Fuente: Excélsior