Ante las fallas en el cumplimiento de programas que se consideran prioritarios para mejorar la seguridad, el gobierno federal pospuso para diciembre la entrega de recursos a las autoridades municipales y estatales.

En el escenario del cambio no sólo se valora el respaldo a los objetivos nacionales (mando único, entre otros), sino también la necesidad de tener claro en qué se invierten los 50 mil millones de pesos (que desde 2012 se les han transferido), y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades.

En días pasados ha habido mensajes directos de que la Federación quiere mayores garantías de que los gobiernos estatales y municipales canalizarán los fondos a las prioridades en la materia. Entre éstas se incluyen rubros como certificación policial, creación del mando único, nuevo sistema de justicia penal, capacitación y fortalecimiento del sistema penitenciario.

Fuente: La Jornada