La cesárea puede salvar vidas pero también las arriesga cuando es innecesaria. En México, cientos de mujeres son sometidas a una cirugía que no necesitan y compromete su salud y la de su bebé. Casi la mitad de los partos en México son realizados por cesárea -tres veces más del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y los motivos señalados por las organizaciones son alarmantes: dinero y comodidad.
De enero de 2009 a septiembre de 2014, el 46% de los nacimientos en México fueron cesáreas, de acuerdo con el instituto nacional de estadística, cuando la OMS recomienda que la tasa no exceda el 15%. “Este aumento no ha producido ningún beneficio global para el bebé o la madre. En cambio, está vinculado con una mayor mortalidad para ambos”, recoge la Encuesta Nacional de Salud.
Irene Cruz, mujer mixteca de Oaxaca, tenía 26 años cuando fue sometida a una cesárea de emergencia mal practicada, que le dejó un daño cerebral permanente e inmovilidad total. Además, le fue colocado un dispositivo intrauterino (DIU) sin su autorización, según la denuncia de su defensa, la organización Fundar. No es un caso aislado. A Liliana, de Quintana Roo, le perforaron la vejiga y la matriz durante la cesárea que indicó su médico, y el personal lo descubrió siete días después de darla de alta pese a los intensos dolores de los que se quejó.
Los médicos que optan por la cesárea argumentan que esta reduce los riesgos del parto natural. Sin embargo, GIRE, el organismo más reconocido en México en materia de derechos reproductivos, considera que en realidad tiene que ver con los beneficios económicos y la facilidad para los médicos. El Gobierno coincide en que se privilegia el afán de lucro de los hospitales, los incentivos económicos de las aseguradoras y la comodidad para el personal médico.
“Incluso las cesáreas son realizadas como práctica para médicos residentes”, apunta Regina Tamés, directora de GIRE. En general es un tema de horarios, pues la espera por un parto natural puede prolongarse durante horas. En ese caso los médicos prefieren inducirlo con oxitocina o programar una cesárea.
La cesárea practicada sin necesidad es considerada como violencia obstétrica por el Gobierno y las organizaciones sociales, quienes exigen que la autoridad no sólo admita el problema sino que tome cartas en el asunto. “Lo que no logramos entender es ¿cómo es que es tan conocido que México rebasa los límites y las autoridades nunca se han pronunciado al respecto? Es un hecho aceptado, se conoce, las autoridades lo saben y no hacen nada. El Estado tendría que dar una respuesta de qué va a hacer”, dice Tamés. Durante la administración del expresidente Felipe Calderón, el ministro de Salud admitió públicamente el alto porcentaje de cesáreas practicadas en el país. Cuatro años después, el número, lejos de disminuir, ha crecido. Este diario intentó recabar sin éxito la versión del ministerio de Salud.
Sólo tres de las 32 entidades mexicanas consideran la violencia obstétrica un delito: Veracruz, Guerrero y Chiapas. No existe una ley específica para regular este flagelo, que apenas empieza a ser reconocido en las leyes generales de Salud y de protección a las mujeres. Los recursos que las mujeres afectadas tienen a mano son largos y tortuosos: una queja ante la comisión de Arbitraje, ante las comisiones de Derechos Humanos; una demanda civil, o quejarse ante el mismo hospital que atendió el parto, “con el riesgo de que éste proteja a su personal y el trato a la mujer empeore”, advierte GIRE.
Fuente: El País