Arturo Escobar ha sido señalado como probable delincuente electoral, víctima de la ley de la gravedad que aún no ha sido reformada.
Me explico.
El Güero se va por la vía de la vergüenza sustentada en una investigación por el probable delito de delincuencia electoral, al haber autorizado la compra ilegal de tarjetas intercambiables por votos a favor del Partido Verde, lo cual fue denunciado por el PAN el 13 de marzo, y por el PRD, en abril.
Eso no quita que Arturo Escobar sea el funcionario más incómodo del gobierno federal, no por incapaz, sino por su mala fama como ex líder de la Banda del Tucán a quien, aun así, el régimen peñista optó por pagar los favores recibidos por su lealtad electoral al nombrarlo de manera imprudente a un cargo público. Sin duda el Partido Verde logró quitarle votos a los opositores del PRI en las pasadas elecciones federales, y eso cuesta. Pero eso es estridencia política.
Ha trascendido el encabritamiento de la Procuradora General de la República, Arely Gómez, al enterarse que el fiscal Santiago Nieto optó por la libre al revelar la acción ministerial por adelantado, lo cual podría ser delito por violación al debido proceso del acusado Arturo Escobar.
También podría interpretarse como una reacción concertada para diluir el efecto de liderazgo que otorgan algunas encuestas al secretario de Gobernación, colocado por ahora a la cabeza de los pre-candidatos tricolores a la Presidencia. También es hipótesis.
