WASHINGTON, D.C, ESTADOS UNIDOS 20OCTUBRE2015.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los resultados del Informe Ayotzinapa y dio lectura a los compromisos incluidos en el acuerdo firmado con el Estado mexicano. El acuerdo fue firmado por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos por parte del estado mexicano y Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain por parte del GIEI. FOTO: CIDH /CUARTOSCURO.COM
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal pidió al gobierno poner atención en las acciones que realizó Claudia Paz a favor de grupos guerrilleros.
La participación de Claudia Paz y Paz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en las investigaciones por esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue cuestionada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal debido a que tiene un pasado de represión y apoyo a grupos guerrilleros.
En conferencia de prensa, José Antonio Ortega, director del Consejo pidió al Gobierno federal que investigue los actos pasados de la ex fiscal de Guatemala, quien, según sus investigaciones, fue integrante del grupo terrorista Ejército Guerrillero de los Pobres, además del mal uso de su cargo para fomentar impunidad.
“Ella fue fiscal General de Guatemala entre 2010 y 2014 y tuvo tres características principales, primero utilizó el cargo para garantizar la impunidad de los grupos herederos del Ejército Guerrillero de los Pobres, que son muy violentos, el segundo fue que encubrió la red de corrupción del ex presidente Otto Pérez Molina a cambio de no obstaculizar las venganzas políticas de Paz y Paz.
“La tercera fue la violación de los Acuerdos de Paz y las leyes respectivas, lo que desató una persecución contra quienes combatieron a grupos terroristas financiados por Cuba y la Unión Soviética, por estas razones es que pedimos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ponga atención en esta designación que no conviene al país”, comentó Ortega.
Fuente: La Razón