A partir de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad de El Altiplano, los cárteles de Sinaloa, que lidera, y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que encabeza Nemesio Oseguera González, El Mencho, habrían conformado una alianza, revelan autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y reportes recientes de inteligencia sobre esta asociación criminal.

Con la capacidad financiera y poder de fuego de ambos cárteles, sumados a la experiencia de El Chapo Guzmán, se conformaría una estructura organizacional capaz de extender aún más su poder tanto en el país como a nivel internacional, indican las fuentes consultadas por EL UNIVERSAL.

Nemesio Oseguera y Joaquín Guzmán ya se conocían cuando Ignacio Nacho Coronel era el principal operador de El Chapo en territorio jalisciense.

Tras la muerte de Coronel Villarreal en julio de 2010 (al enfrentarse con el Ejército en Zapopan, Jalisco), El Mencho se quedó al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación y rompió relaciones con el Cártel de Sinaloa. Ahora, vuelven a trabajar juntos.

Los reportes de inteligencia revelan que se han detectado contactos entre las células de ambas organizaciones, sobre todo en Jalisco, que es clave para la producción y el trasiego de metanfetamina, y que hasta ahora controlaba el CJNG, un mercado que en su momento operó Nacho Coronel para el Cártel de Sinaloa.

Las fuentes consultadas del gobierno federal revelaron que a partir de labores de inteligencia se recaban indicios de esta alianza. Por ejemplo, indicaron que una de las pistas que se sigue es que el grupo de abogados del líder del Cártel de Sinaloa es el mismo que tiene a su cargo la defensa de Rubén Oseguera González, El Menchito, —hijo del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación—, quien está bajo proceso por delincuencia organizada, acopio y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sociedad estratégica. El poder de fuego de Nemesio Oseguera para enfrentar a las autoridades fue evidente el pasado 1 de mayo, cuando bajo sus ordenes, una célula de su organización derribó un helicóptero tipo Cougar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con un lanzacohetes.

Existen reportes de los gobiernos de México y de Estados Unidos elaborados este año, en los que se advierte que el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización más peligrosa y que cuenta con mayores recursos económicos actualmente.

Entre las armas que utiliza El Mencho están los lanzacohetes RPG de fabricación rusa —con un costo de entre los 11 mil y 15 mil dólares—, mismo que utilizaron para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladaba a 18 elementos.

Distintas averiguaciones previas de la PGR dan cuenta de lo que han decomisado a esta organización: armas de alto poder que utiliza el Cártel Jalisco Nueva Generación como subametralladoras MP-5, de diseño alemán; fusiles AR-15 y AK-47, además de granadas y ametralladoras Barret calibre .50 milímetros, que penetran blindajes.

En México, el cártel se ha extendido en por lo menos ocho estados y el Distrito Federal. Se reconoce su presencia en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz; sus operaciones también se registran fuera del territorio nacional, al grado de poder colocar sus cargamentos de metanfetaminas en Estados Unidos, así como en los continentes europeo y asiático.

El Cártel de Sinaloa es la organización más poderosa, considerada por el gobierno estadounidense como una empresa trasnacional, que cuenta con una red de empresas en el hemisferio, que son utilizadas para el lavado de dinero de las ganancias que obtiene.

La Oficina de las Naciones Unidas en contra de la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) ubica a la organización de El Chapo en operaciones de lavado en Argentina, Guatemala, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Perú.

Sus redes han logrado posicionar al Cártel de Sinaloa en otros países de sudamérica, así como en zonas de Europa, África, Asia, Medio Oriente, además de Estados Unidos, nación que espera la extradición de Joaquín Guzmán Loera, por quien el gobierno mexicano ofrece una recompensa de 60 millones de pesos a quien proporcione información para su captura.