La Procuraduría General de la República anunció las reglas de actuación en casos donde se presuma la comisión de ese delito.
A partir de este martes 6 de octubre de 2015 entran en vigor las directrices que deberá seguir el personal de la Procuraduría General de la República (PGR) al detectar posibles casos de tortura, establecidas en el Acuerdo A/085/15 de la dependencia publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En el documento también se definen las directrices que rigen para la aplicación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El acuerdo lleva el título de “Directrices institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos en medicina y psicología y demás personal de la PGR, para los casos en que se presuma la comisión del delito de tortura”.
Se establece que cuando el Ministerio Público Federal (MPF) detecte que los posibles actos de tortura sean atribuibles a servidores públicos de la PGR, se deberá notificar de manera inmediata a la Visitaduría General.
Esa oficina deberá dar parte a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que se inicie y determine la investigación correspondiente.
Cuando la tortura sea atribuida a servidores públicos de otras áreas de la Administración Pública Federal, otros Poderes de la Federación, o inclusive de algún organismo autónomo, se dará notificación inmediata a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Para estos casos, el proceso establece que será la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales la que inicie y determine la investigación correspondiente.
Además se establece que en todos los casos los agentes del MPF deberán dar el aviso respectivo a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Fuente: Excélsior