Un juez federal exoneró la noche del miércoles a José Manuel Sáiz Pineda, extesorero del exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, en los relativo a las acusaciones de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos los 88.5 millones de pesos hallados en una refaccionaria del poblado Lomitas, Nacajuca, el pasado 22 de mayo de 2013, que estaban escondidos en cajas de huevo.
El juez segundo de Distrito, Luis Enrique Pérez Chán, ordenó la inmediata libertad de Sáiz, aunque seguirá detenido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) por la acumulación de otros delitos cometidos en contra del erario de Tabasco.
Se absuelve a José Manuel Sáiz Pineda, por la comisión de los delitos de peculado en la modalidad de quien, sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligado legalmente a la administración de los recursos públicos federales, los distraiga de su objeto y les dé una aplicación distinta a la que se les destinó”, refiere el amparo que se le otorgó al extesorero de Granier.
El juez ordena girar oficio al director del Centro de Reinserción Social en el Estado, “a efecto que ponga en ‘inmediata libertad’ a José Manuel Sáiz Pineda, únicamente por lo que a la presente causa penal se refiere, sin perjuicio que siga detenido por causa diversa a la presente…”
De igual forma, se solicita comunicar al vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en la entidad, para que se le restituyan sus derechos políticos.
También se precisa que se debe girar oficio al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Previsión y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, y al director de Prevención y Reinserción Social en el Estado, para que se cancele la identificación administrativa del enjuiciado.
Sáiz Pineda fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, el 8 de junio del 2013, cuando intentaba cruzar la frontera de Estados Unidos para visitar a sus hijas, pero no pudo hacerlo por tener problemas con su visa, debido a que ya contaba con una “ficha roja” girada por las autoridades mexicanas.
El 12 de junio de ese año se le dictó auto de formal prisión por el desvío de 989 millones de pesos. Tal acusación la sustentó la Contraloría local, que le dio vista a PGR en el saqueo de dinero de recursos federales, en donde también están implicados el exsubdirector de Egresos de Seplafin, Miguel Ángel Contreras, y el director de Tesorería, Alejandro Aparicio.
Fuente: Excélsior